Duvalier Sánchez pide salida del gerente del Fondo Milagro por salarios y baja ejecución
Imagen: infobae colombia
Duvalier Sánchez pidió la salida del gerente del Fondo Milagro tras cuestionar salarios de hasta $40 millones mensuales y una ejecución que, según dijo, sigue en cero. El congresista advirtió que la emergencia golpea a más de 500.000 personas mientras el manejo del fondo genera más dudas que resultados.
El congresista Duvalier Sánchez elevó el tono contra la dirección del Fondo Milagro y pidió la salida de su gerente, al señalar que la entidad mantiene remuneraciones mensuales que llegarían a $40 millones mientras la ejecución real de recursos sigue sin despegar. La crítica llega en medio de una emergencia que, según la información divulgada, ya afecta a más de 500.000 personas y exige respuestas rápidas, no trámites ni burocracia.
De acuerdo con lo planteado por Sánchez, el problema no es solo el nivel salarial dentro del fondo, sino la distancia entre el discurso institucional y los resultados concretos sobre el terreno. El congresista aseguró que, pese a la gravedad de la crisis, los pagos efectivos de caja continúan en cero, una señal que para él evidencia fallas de gestión y una incapacidad para convertir la plata disponible en ayuda real para la población afectada. En términos prácticos, eso significa que mientras crece la presión social por atención inmediata, el aparato encargado de responder no estaría entregando soluciones a la velocidad que la emergencia demanda.
El señalamiento toca un nervio sensible de la administración pública en Colombia: cómo se manejan los fondos creados para atender crisis y quién responde cuando el dinero no llega a tiempo. En emergencias de esta magnitud, la ejecución presupuestal no es un dato técnico menor, sino el indicador más claro de si el Estado está presente o si se quedó atrapado en su propia estructura. Por eso la denuncia de Sánchez no solo pone bajo la lupa al gerente del Fondo Milagro, sino también a los criterios de control, vigilancia y rendición de cuentas que deben acompañar este tipo de entidades. Si los salarios altos conviven con resultados nulos, el costo político termina recayendo sobre el Gobierno y, sobre todo, sobre las familias que siguen esperando ayuda.
El debate ahora será si la presión política logra traducirse en decisiones administrativas o si el caso queda reducido a una nueva disputa entre Congreso y Ejecutivo. Pero el fondo del problema sigue siendo el mismo: en una emergencia que afecta a cientos de miles de personas, cada día de retraso en la ejecución equivale a más sufrimiento y menos confianza en las instituciones.
