EEUU le da residencia a exministro de Ghana acusado de corrupción

Estados Unidos concedió la residencia permanente al exministro de Finanzas de Ghana, Ken Ofori-Atta, en una decisión que complica todavía más un caso ya cargado de tensión política y judicial. El exfuncionario, que permanecía en territorio estadounidense desde enero de 2025 por razones médicas, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en medio de un proceso ligado a su estatus migratorio, y ahora un tribunal especializado en inmigración determinó que sí reúne los requisitos para ese beneficio. La resolución no borra, sin embargo, el peso de las acusaciones de corrupción que enfrenta en su país, donde la Fiscalía lo señala por una batería de presuntos delitos cometidos cuando dirigía la cartera de Finanzas.

Según explicó su abogado, el juez Kusi-Minkah Premo, la corte consideró que los cargos penales presentados en Ghana no eran creíbles para fines migratorios. Esa precisión es clave: el tribunal estadounidense no se pronunció sobre si Ofori-Atta es culpable o inocente de los señalamientos en África occidental, sino sobre si cumplía con las condiciones legales para acceder a la residencia permanente en Estados Unidos. Del lado ghanés, la Fiscalía tomó nota de la decisión y recordó que la validez de las acusaciones deberá ser resuelta por los tribunales de su país, que mantienen la jurisdicción sobre el caso. Además, dejó abierta la puerta a una eventual extradición si un tribunal estadounidense lo autoriza. Ofori-Atta conserva, por ahora, su ciudadanía ghanesa.

El episodio muestra hasta qué punto un proceso migratorio en Estados Unidos puede cruzarse con investigaciones de corrupción en otros países, especialmente cuando se trata de figuras políticas de alto perfil. Para la justicia ghanesa, el caso sigue vivo: sobre el exministro pesan decenas de cargos relacionados con supuestas maniobras de fraude y desfalco, y la propia Fiscalía lo había descrito en febrero de 2025 como un fugitivo que buscaba evadir a la justicia. Para Washington, en cambio, el asunto se evaluó bajo el lente estricto de la ley migratoria, no como una revisión del expediente penal extranjero. Esa diferencia técnica tiene consecuencias políticas: mientras en Ghana la oposición y los sectores anticorrupción pueden leer la decisión como un revés, en Estados Unidos el caso refuerza la idea de que no toda acusación extranjera basta para frenar de inmediato una solicitud de residencia.

Más allá del nombre de Ofori-Atta, el caso deja una enseñanza incómoda para los gobiernos africanos que persiguen a exfuncionarios señalados por corrupción: la disputa no termina con una acusación ni con una orden de captura local, especialmente cuando el acusado logra moverse en jurisdicciones como la estadounidense. Si Ghana insiste en llevar el proceso hasta las últimas consecuencias, tendrá que navegar no solo sus propios tribunales, sino también el laberinto legal de una posible extradición. Y si eso ocurre, el caso podría transformarse en una prueba de fuego sobre hasta dónde llegan, en la práctica, los límites entre soberanía judicial, cooperación internacional y protección migratoria en Estados Unidos.