La paz total de Petro dejó más poder para los armados, advierte balance de la FIP
Imagen: El Tiempo - Política
La “paz total” de Gustavo Petro llegó a su punto más crítico: un balance de la FIP concluye que fallas de diseño, vacíos jurídicos y decisiones de negociación terminaron favoreciendo a varios grupos armados. El resultado, advierten, es un fortalecimiento territorial y militar de actores ilegales.
La apuesta de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro dejó un saldo mucho más áspero del que prometía al arrancar: lejos de debilitar a los grupos armados, varias de las dinámicas diseñadas para negociar con ellos terminaron dándoles más aire, más tiempo y más capacidad de expansión. Ese es el diagnóstico central de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que en su evaluación del proceso señala que las fallas de diseño institucional y jurídico, sumadas a decisiones tomadas en la mesa, abrieron espacio para que actores ilegales fortalecieran su control sobre territorios y economías criminales.
Según el análisis citado por El Tiempo - Política, el problema no fue solo la voluntad política de negociar con varios frentes al mismo tiempo, sino la forma como se estructuró la estrategia. La FIP identifica vacíos en la arquitectura legal que debían sostener las conversaciones, falta de claridad en los incentivos para desescalar la violencia y una ejecución desigual entre mesas, lo que en la práctica produjo señales confusas para los grupos armados y para las comunidades que viven en medio del conflicto. En lugar de una ruta ordenada hacia la reducción de violencias, el gobierno terminó administrando múltiples procesos al tiempo, con resultados dispares y sin una columna vertebral suficientemente sólida para imponer condiciones verificables.
El punto de fondo es político y territorial. La “paz total” nació como la gran promesa de Petro para desmontar el conflicto armado mediante negociaciones simultáneas con insurgencias, disidencias, bandas y estructuras criminales. Pero cuando un Estado negocia sin una capacidad clara para contener la expansión armada mientras conversa, el riesgo es previsible: los grupos aprovechan la tregua, la fragmentación institucional o la falta de coordinación para reacomodarse, reclutar, mover rentas ilegales y disputar corredores estratégicos. Eso explica por qué el balance no solo se mide en mesas avanzadas o anuncios, sino también en el mapa real del poder armado, donde en varias regiones el Estado terminó cediendo espacio.
La advertencia de fondo es que el fracaso parcial de la “paz total” no puede leerse como un simple problema de gestión, sino como una lección sobre los límites de negociar con actores armados sin un andamiaje robusto que combine seguridad, justicia y control territorial. Para la gente en los territorios más golpeados, esto significa más incertidumbre, más presión sobre líderes sociales y comunidades, y una paz que sigue viéndose lejana en la vida cotidiana. En términos políticos, el balance de la FIP deja una pregunta incómoda para el gobierno y para cualquier administración futura: sin reglas más claras, sin capacidades estatales reales y sin una estrategia unificada, la negociación puede terminar siendo una oportunidad para los grupos armados, no para el país.
