Retractación de Murcia Guzmán reabre dudas sobre las gestorías de paz en el petrismo
Imagen: El Tiempo - Política
La retractación de David Murcia Guzmán volvió a poner bajo la lupa el presunto uso político de las gestorías de paz en el gobierno de Gustavo Petro. El episodio reabrió un debate sensible sobre límites, favores y la manera como el Estado negocia con figuras de alto perfil.
La retractación de David Murcia Guzmán, frente a las afirmaciones que había hecho contra el presidente Abelardo De La Espriella, no cerró el capítulo: lo abrió de nuevo. Su rectificación reactivó una discusión de fondo sobre el presunto uso político de las gestorías de paz durante el gobierno de Gustavo Petro, un tema que toca una fibra especialmente sensible en Colombia: hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en sus acercamientos con actores cuestionados sin cruzar la línea entre reconciliación institucional y cálculo político.
El episodio se convirtió rápidamente en munición para quienes ven en estas figuras una herramienta de interlocución legítima y, al mismo tiempo, en un símbolo de opacidad para sus detractores. Según informó El Tiempo - Política, la retractación de Murcia Guzmán devolvió al centro del debate las decisiones adoptadas en la administración pasada alrededor de estos espacios, en medio de señalamientos sobre posibles beneficios, intermediaciones y uso de esas gestiones para mover agendas distintas a la paz. En un país acostumbrado a que los anuncios de diálogo terminen mezclándose con la pelea política, el caso no solo compromete nombres propios: pone bajo escrutinio los criterios con los que el Estado selecciona a sus interlocutores y las garantías de control sobre esas designaciones.
Lo que importa aquí no es solo el personaje, sino el precedente. Las gestorías de paz, en teoría, deben servir para abrir caminos de diálogo, facilitar contactos y construir puentes donde la institucionalidad no alcanza. Pero cuando ese mecanismo queda rodeado de versiones encontradas, retractaciones públicas y sospechas sobre su uso en favor de determinados intereses, la discusión deja de ser técnica y se vuelve política de alto voltaje. Para el gobierno, el costo es evidente: cualquier ambigüedad alimenta la idea de que la paz puede convertirse en moneda de cambio. Para la ciudadanía, el daño es más profundo, porque erosiona la confianza en instrumentos que deberían ser serios, verificables y transparentes.
En el fondo, este caso recuerda una constante de la política colombiana: los mecanismos pensados para desactivar conflictos terminan atrapados por la disputa por el poder. La retractación de Murcia Guzmán no solo afecta la credibilidad de su testimonio; también obliga a revisar si el país ha normalizado que la paz se administre con demasiada discrecionalidad y muy poca rendición de cuentas. Y eso, en cualquier gobierno, pero más aún en uno que hizo de la paz una bandera central, no es un detalle menor.
