Cancillería en tensión: Laura García niega acoso laboral y habla de ataque a su reputación
Imagen: El Tiempo - Política
Laura García, madre de la representante María del Mar Pizarro y directora de Cooperación Internacional en la Cancillería, rechazó las acusaciones de acoso laboral en su contra. Sostiene que detrás del señalamiento hay un intento por dañar su nombre.
La controversia en la Cancillería escaló luego de que Laura García, madre de la representante María del Mar Pizarro y directora de Cooperación Internacional, negara de manera tajante las acusaciones de presunto acoso laboral en su contra. García aseguró que no ha incurrido en conductas indebidas y que, por el contrario, estaría siendo blanco de un intento por afectar su reputación en medio de un choque interno que ya salpica el ambiente laboral de la entidad.
De acuerdo con lo informado por El Tiempo - Política, el señalamiento se da en un contexto particularmente delicado para el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde las tensiones entre contratistas y directivos suelen leerse no solo como conflictos de oficina, sino como síntomas de una administración bajo presión. En este caso, el nombre de García quedó en el centro de la discusión por su rol directivo y por su vínculo familiar con una figura política visible, lo que amplifica el impacto público del caso y eleva el costo reputacional de cualquier acusación.
Más allá del cruce de versiones, este episodio vuelve a poner sobre la mesa un problema que atraviesa varias entidades del Estado: la fragilidad de los mecanismos internos para tramitar denuncias laborales sin que el debate termine contaminado por afinidades políticas, jerarquías o disputas personales. Cuando una funcionaria responde que es víctima de una campaña para perjudicarla, el asunto deja de ser solo una controversia individual y pasa a reflejar un problema más amplio sobre gobernabilidad, controles internos y clima institucional. En una Cancillería que debería representar seriedad, diplomacia y cohesión administrativa, este tipo de conflictos golpea la credibilidad hacia adentro y hacia afuera.
El desenlace del caso dependerá de si las acusaciones prosperan en instancias formales y de cómo actúen los órganos de control o las dependencias encargadas de revisar eventuales conductas disciplinarias. Mientras tanto, el episodio deja una advertencia incómoda: en el sector público colombiano, la batalla por el nombre propio puede convertirse rápidamente en una disputa por el poder, la narrativa y la legitimidad.
