Cuidador de un geriátrico de Mar del Plata sigue detenido tras negarse a declarar por maltrato
Imagen: infobae
Un cuidador de un geriátrico de Mar del Plata quedó formalmente imputado por lesiones graves, coacción y amenazas tras una denuncia que involucra a dos adultas mayores y a una excompañera de trabajo. Nicolás Gastón Cichero se negó a declarar y sigue detenido mientras la Justicia define su situación.
La Justicia de Mar del Plata avanza sobre un caso que sacudió a un geriátrico de la ciudad: Nicolás Gastón Cichero, señalado por agresiones contra dos adultas mayores y por amenazas a una excompañera de trabajo, se negó a declarar en la indagatoria y permanece detenido. La imputación en su contra incluye lesiones graves, coacción y amenazas, una combinación de delitos que, por su gravedad, lo deja expuesto a una pena de prisión significativa si el expediente confirma los hechos.
Según informó Infobae, la investigación lo vincula con episodios de violencia dentro del establecimiento donde trabajaba como cuidador. La acusación no se limita a los ataques contra las residentes: también alcanza a una excompañera, lo que sugiere un patrón de conducta que la fiscalía intenta reconstruir a partir de testimonios y pruebas reunidas en las últimas horas. La decisión de no declarar en esta instancia es una estrategia habitual de la defensa, pero también deja a la Justicia con el desafío de sostener la acusación sobre elementos objetivos mientras continúa la detención preventiva.
El caso vuelve a poner bajo la lupa un problema que excede a este expediente puntual: la vulnerabilidad de los adultos mayores en instituciones de cuidado y la dificultad para detectar abusos cuando ocurren puertas adentro. En Argentina, como en otros países de la región, los geriátricos concentran una población especialmente expuesta, dependiente en gran medida de la supervisión del personal y de los controles estatales. Por eso, cada denuncia de maltrato no solo abre un proceso penal, sino también una discusión sobre las fallas de vigilancia, los protocolos internos y la responsabilidad de los establecimientos que deben garantizar trato digno y seguro. Si la investigación logra probar lesiones graves y amenazas, el impacto judicial podría ser duro; pero el impacto social ya está instalado, porque el caso expone una vez más cuánto puede quedar desprotegida una persona mayor cuando el cuidado se convierte en abuso.
