Félix Alonso niega en el Supremo haber usado contratos públicos con fines políticos
Imagen: El País
Félix Alonso Cantorné, diputado de Sumar en Comú Podem, negó ante el Supremo haber repartido contratos por criterios políticos cuando fue alcalde de Altafulla. El caso lo investiga por presunta prevaricación administrativa y vuelve a poner el foco en la contratación pública en los ayuntamientos.
El diputado de Sumar en Comú Podem Félix Alonso Cantorné ha rechazado ante el Tribunal Supremo haber adjudicado contratos guiado por criterios políticos durante su etapa como alcalde de Altafulla, según informó El País. El parlamentario compareció como encausado en una causa por presunta prevaricación administrativa, en un episodio que añade presión a un debate especialmente sensible en España: cómo se decide, controla y fiscaliza el dinero público cuando pasa por la mano de un cargo local.
De acuerdo con la información publicada por El País, Alonso defendió ante el alto tribunal que las decisiones tomadas en el ayuntamiento no respondieron a favores partidistas ni a una utilización irregular de la contratación. La acusación se centra en si, en su etapa al frente del consistorio, se habrían adjudicado servicios o contratos vulnerando los criterios que deben regir la administración pública. En términos judiciales, la prevaricación administrativa apunta a resoluciones dictadas a sabiendas de que pueden ser injustas o contrarias a la ley, una figura penal que suele emerger cuando la frontera entre gestión política y discrecionalidad administrativa se vuelve difusa.
El caso tiene relevancia más allá del nombre propio. En España, los procedimientos por supuestas irregularidades en la contratación municipal suelen tener un eco político inmediato porque afectan al nivel de gobierno más cercano al ciudadano, donde se contratan desde obras pequeñas hasta servicios esenciales. Cuando una causa de este tipo alcanza a un diputado en ejercicio, el impacto se multiplica: no solo se examina la conducta de una etapa anterior como alcalde, sino también la credibilidad pública de una formación que hace bandera de la regeneración democrática y de la defensa de lo público. En ese sentido, lo que se discute no es solo si hubo o no delito, sino el estándar de transparencia que se exige a los responsables políticos.
Para la ciudadanía, estos procesos suelen traducirse en una pregunta muy concreta: quién controla a quienes gestionan recursos comunes y con qué mecanismos se evita que una administración local se convierta en un espacio opaco. La investigación judicial todavía debe determinar si hubo responsabilidades penales, pero el episodio ya deja una lección incómoda para la política española: en los ayuntamientos, donde se deciden contratos con impacto directo en el día a día, cualquier sospecha de uso partidista del gasto público termina desgastando no solo a un cargo, sino a la confianza institucional en conjunto.
