Colombia

48 familias de Bernavento siguen esperando su indemnización ocho años después

Hace 22 horas

Ocho años después de la implosión del edificio Bernavento, 48 familias siguen esperando la indemnización que les corresponde. Los afectados volvieron a exigir a la Defensoría del Pueblo que gire los recursos retenidos por años en medio de un proceso que se ha vuelto símbolo de demora institucional.

A más de ocho años de la implosión del edificio Bernavento, en Colombia, 48 familias siguen sin recibir un solo peso de la indemnización que les corresponde. El caso, que nació de una emergencia por fallas estructurales y terminó en demolición, se ha convertido en un retrato incómodo de cómo la reparación a las víctimas puede quedar atrapada en trámites interminables mientras los afectados cargan con las pérdidas materiales y emocionales.

Según informó El Tiempo (Colombia), los damnificados volvieron a pedirle a la Defensoría del Pueblo que autorice el giro de los recursos que permanecen retenidos. La exigencia no es nueva: durante años han insistido en que el dinero ya debe llegar a quienes resultaron perjudicados por la emergencia, pero el proceso no ha avanzado al ritmo que esperaban. Para muchas de estas familias, el tiempo no solo ha significado espera, sino también endeudamiento, mudanzas forzadas y la imposibilidad de recuperar una vida normal después del colapso de su vivienda.

El caso Bernavento es más que una disputa administrativa. Habla de la fragilidad de los mecanismos de reparación cuando una tragedia urbana se convierte en expediente y las decisiones se dilatan entre oficinas. En Colombia, donde los casos de daños estructurales y fallas en obras o edificaciones suelen terminar en largas batallas legales, este episodio pone otra vez sobre la mesa una pregunta básica: ¿de qué sirve una indemnización si llega cuando ya ha pasado casi una década? La demora no solo afecta el bolsillo de las familias; también erosiona la confianza en las instituciones encargadas de protegerlas.

El reclamo de estas 48 familias refleja una realidad que se repite con frecuencia en el país: las víctimas suelen tener razón en el fondo, pero pierden años peleando por el reconocimiento efectivo de sus derechos. Mientras la Defensoría define el giro de los recursos, los afectados siguen esperando una respuesta concreta que les permita cerrar un capítulo que se abrió con la demolición del edificio y que, por la lentitud institucional, todavía no termina.

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