El estatuto del becario sigue atascado en el Congreso tres años después del pacto
Imagen: El País
Tres años después del acuerdo entre Trabajo y los sindicatos para frenar los abusos en las prácticas, el estatuto del becario sigue bloqueado en el Congreso. La falta de apoyos ha obligado a 11 prórrogas del plazo de enmiendas y mantiene en el aire una reforma clave para miles de jóvenes.
El estatuto del becario, anunciado como una respuesta para contener la precariedad que arrastran miles de jóvenes en prácticas, continúa encallado en el Congreso sin una mayoría que lo impulse. Tres años después del acuerdo firmado el 15 de junio de 2023 por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO, la iniciativa sigue viva solo en el papel parlamentario: el plazo para presentar enmiendas ha sido prorrogado ya 11 veces, una señal clara de que el texto no logra despegar por falta de apoyos políticos suficientes.
La parálisis no es un detalle menor ni un trámite rutinario. Lo que se discute es una norma pensada para poner límites a una realidad muy extendida en España: prácticas formativas que, en demasiadas ocasiones, acaban funcionando como mano de obra barata o directamente gratuita. El acuerdo alcanzado entonces por Trabajo y las centrales sindicales buscaba ordenar ese terreno gris, fijar reglas más claras y reducir los abusos que afectan a estudiantes y recién titulados. Pero en el Congreso el debate se ha ido diluyendo entre cálculos partidistas, reservas de distintos grupos y la dificultad de convertir un pacto social en una mayoría legislativa estable.
El estancamiento tiene una lectura política y otra social. La política es evidente: la fragmentación parlamentaria y la falta de consenso sobre cómo regular las prácticas han convertido el texto en una pieza incómoda, atrapada entre quienes lo consideran insuficiente y quienes temen que una regulación más estricta complique la relación entre empresas, centros educativos y becarios. La social es más seria: cada mes que pasa sin una norma cerrada prolonga la indefinición de quienes encadenan prácticas sin garantías suficientes, con jornadas excesivas, tareas ajenas a su formación o expectativas laborales que rara vez se traducen en estabilidad. En un mercado de trabajo como el español, donde el acceso al primer empleo sigue siendo una carrera desigual, esa demora perpetúa una frontera difusa entre formación y explotación.
Que el Congreso haya ampliado 11 veces el plazo de enmiendas dice más que cualquier discurso oficial: no hay aún una voluntad parlamentaria real para resolver un problema que sí fue reconocido por el Gobierno y por parte del diálogo social. Y esa es precisamente la contradicción de fondo. Mientras el país habla de mejorar la calidad del empleo juvenil, el instrumento que debía poner orden en las prácticas sigue suspendido en una mesa legislativa. Para los estudiantes y jóvenes que esperan que su primera experiencia laboral no sea una trampa, el mensaje es poco alentador: la reforma existe, pero todavía no manda.
