Ignacio González se declara inocente en su primer juicio del caso Lezo
Imagen: El País
Ignacio González abrió su primer juicio del caso Lezo declarándose inocente y negando haber participado en el supuesto amaño de contratos del campo de golf del Canal de Isabel II. La causa reabre uno de los capítulos más graves de la corrupción política en Madrid.
Ignacio González, expresidente madrileño y exdirigente del PP, se declaró inocente en el arranque de su primer juicio por el caso Lezo, una pieza que vuelve a poner bajo foco la red de presuntas irregularidades vinculadas al Canal de Isabel II. Según informó El País, González rechazó haber participado en el amaño de contratos relacionados con el campo de golf impulsado durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.
La vista oral abre un nuevo frente judicial para uno de los nombres más simbólicos de la política madrileña de la última década. El procedimiento examina si existió una trama para adjudicar contratos públicos en condiciones presuntamente fraudulentas, dentro de una investigación que desde sus inicios ha apuntado a cómo se mezclaron poder institucional, negocios y decisiones administrativas en torno a la empresa pública de aguas. La defensa de González insiste en que no tuvo intervención en esos hechos, mientras la acusación trata de sostener la existencia de una operativa orientada a beneficiar intereses privados.
El caso Lezo importa no solo por el peso político del acusado, sino por lo que revela sobre los mecanismos de captura institucional en gobiernos autonómicos con enorme capacidad de contratación. En Madrid, el Canal de Isabel II no fue una simple empresa pública: durante años operó como una pieza estratégica con impacto económico y político. Por eso este juicio tiene una lectura que va más allá del expediente penal. Cada testimonio y cada documento puede ayudar a reconstruir cómo se tomaban decisiones en una estructura donde el poder político y la gestión de recursos esenciales para la ciudadanía caminaron, según la investigación judicial, demasiado cerca de los intereses particulares.
Para la política madrileña y para el PP, la apertura de esta causa representa otra sacudida en una larga secuencia de escándalos que erosionaron la confianza pública en la etapa de mayor poder del partido en la región. Más allá de la suerte procesal de González, el juicio vuelve a recordar que la corrupción no se mide solo por condenas o absoluciones, sino por el daño estructural que deja en las instituciones y en la percepción ciudadana de que el dinero público puede acabar sirviendo a fines ajenos al interés general.
