Gobierno cierra la puerta a negociaciones políticas con grupos armados
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno cerró un ciclo de más de tres décadas al dejar claro que las negociaciones políticas con grupos armados no seguirán siendo la vía principal. La apuesta oficial pasa ahora por el sometimiento a la justicia como único camino para esas estructuras.
El Gobierno colombiano dio un giro de fondo en su política de seguridad y cerró, al menos en el plano institucional, una etapa de más de 30 años de acercamientos políticos con grupos armados. Con la aprobación de la ley de sometimiento impulsada por Abelardo De La Espriella, el Estado fija una línea más dura: estas estructuras ya no serán tratadas como actores con los que se pueda negociar un estatus político, sino como organizaciones que deben responder ante la justicia.
La decisión marca un cambio de época. Durante décadas, Colombia alternó entre diálogos, ceses al fuego, desmovilizaciones parciales y procesos de paz que buscaron combinar salidas políticas con incentivos jurídicos. Esa fórmula produjo resultados desiguales: permitió la reintegración de algunos actores, pero también dejó zonas grises que terminaron alimentando nuevas formas de criminalidad y prolongando la violencia en territorios donde el Estado sigue llegando tarde o llega debilitado. La nueva ley busca cortar ese ciclo y dejar una sola puerta abierta: el sometimiento individual o colectivo a la justicia, sin reconocimiento político para quienes sigan armados.
El alcance de esta medida no es menor. En términos prácticos, el Gobierno abandona la idea de que todos los grupos armados pueden ser procesados bajo una misma lógica de negociación y reconoce que, para buena parte de estas organizaciones, el problema ya no es ideológico sino criminal y territorial. Ese matiz importa porque redefine la relación del Estado con quienes hoy controlan rentas ilegales, extorsión, narcotráfico y corredores estratégicos en distintas regiones del país. También abre un debate inevitable sobre la capacidad real de la justicia y de la Fuerza Pública para hacer cumplir esa línea en territorios donde la autoridad estatal es frágil.
Más allá del debate jurídico, el mensaje político es claro: Colombia entra en una etapa en la que el costo de seguir armado será mayor y el margen para la negociación política será menor. La pregunta ahora no es solo si el nuevo marco legal frenará a estas estructuras, sino si el Estado tendrá músculo suficiente para convertir esa doctrina en control territorial, protección a la población civil y resultados verificables. Porque en Colombia las leyes pueden cambiar rápido; lo difícil sigue siendo hacer que cambie la realidad en el terreno.
