Argentina declara a las Farc y el ELN como organizaciones terroristas
Imagen: infobae colombia
Argentina oficializó la inclusión de las Farc y el ELN en su lista de organizaciones terroristas, en una decisión que endurece su postura frente a grupos armados de origen colombiano. El Gobierno de Javier Milei justificó la medida por el alcance transnacional y las actividades ilícitas de estas estructuras.
El gobierno de Javier Milei declaró a las Farc y al ELN como organizaciones terroristas, una decisión que refuerza el giro de la Casa Rosada hacia una política de seguridad más dura y alineada con una lectura internacional del conflicto colombiano. La medida no solo tiene un valor simbólico: también abre la puerta a mayores controles financieros, migratorios y de inteligencia sobre eventuales nexos de estos grupos con actividades en territorio argentino o en redes regionales.
Según informó infobae colombia, la norma sostiene que la naturaleza transnacional de estas estructuras, su expansión regional y la diversificación de sus negocios ilícitos representan riesgos para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación. En otras palabras, Buenos Aires no está hablando únicamente de una amenaza lejana asociada a Colombia, sino de organizaciones que, por su capacidad de moverse entre fronteras, pueden impactar la seguridad interna de otros países de América del Sur. El mensaje político es claro: Argentina se suma a una línea más rígida frente a grupos armados que operan como actores criminales y no como insurgencias con legitimidad política.
La decisión también tiene una lectura regional. Mientras en Colombia las Farc ya dejaron las armas tras el acuerdo de paz de 2016 y el ELN sigue activo en medio de negociaciones intermitentes, en otros gobiernos persiste la tendencia a equiparar a estos grupos con redes terroristas por su participación en secuestros, narcotráfico, extorsión y control territorial. Para Milei, la medida encaja con una narrativa de orden y combate frontal contra el crimen organizado; para Colombia, en cambio, puede reavivar el debate sobre cómo se etiquetan jurídicamente estos actores y qué efectos concretos tiene esa clasificación en cooperación internacional, extradiciones y persecución de sus flujos financieros.
Más allá del gesto diplomático, lo relevante es el precedente que deja. Cuando un país amplía su lista de organizaciones terroristas a grupos extranjeros con presencia regional, también endurece el margen de maniobra para eventuales colaboradores, redes de apoyo o circuitos de lavado de dinero. Y aunque la noticia ocurre en Argentina, sus implicaciones cruzan la frontera: en América Latina, donde las economías ilegales se mezclan con la política y la violencia, las definiciones oficiales no son solo semántica. Son herramientas de poder que pueden cambiar la forma en que los Estados persiguen, negocian o estigmatizan a quienes consideran una amenaza.
