Ayuso pagó 6,3 millones por un ático en Chamberí y sumó una comisión de 189.000 euros
Imagen: El País
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pagó 6,3 millones de euros por un ático en Chamberí, una operación que además dejó 189.000 euros en comisión para la inmobiliaria de lujo. La cifra vuelve a poner bajo escrutinio la política de vivienda institucional en Madrid y el coste real de estas adquisiciones públicas.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desembolsó 6,3 millones de euros por un ático en Chamberí, una compra que no solo destaca por el precio final, sino también por el sobrecoste añadido de la operación: una comisión del 3% para la inmobiliaria de lujo que intermediò la transacción, equivalente a 189.000 euros, que terminó asumiendo el vendedor, según informó El País. La cifra refuerza el foco sobre cómo se gestionan este tipo de adquisiciones en la Comunidad de Madrid y qué estándares de transparencia se aplican cuando el dinero público entra en el mercado inmobiliario de alto nivel.
De acuerdo con la información publicada por el diario, la operación se cerró en uno de los barrios más cotizados de la capital, Chamberí, una zona donde el mercado ya de por sí castiga cualquier movimiento con precios muy elevados y márgenes reducidos para la negociación. La comisión pactada con la agencia especializada en vivienda de lujo revela, además, que la compraventa no fue una gestión ordinaria, sino una operación con intermediación premium, algo que suele encarecer el coste total aunque no siempre se traduzca en mayor valor público para la administración compradora. En este tipo de transacciones, cada euro importa porque sale de recursos que podrían destinarse a vivienda social, servicios públicos o inversión estructural.
El caso importa más allá de la cifra concreta porque pone sobre la mesa una discusión de fondo: qué justificación tiene que una administración autonómica pague millones por un inmueble de estas características y bajo qué criterios se toman decisiones de este calibre. En Madrid, donde la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas cotidianos para miles de familias, cualquier operación pública en el mercado inmobiliario de lujo termina teniendo una lectura política inmediata. No se trata solo de cuánto costó el ático, sino de qué prioridad refleja esa compra en un contexto en el que el acceso a la vivienda sigue tensionado, los precios no aflojan y la política habitacional continúa siendo uno de los grandes puntos ciegos de la gestión regional.
La adquisición, además, alimenta preguntas sobre los mecanismos de control y sobre si la administración está comprando al precio más eficiente posible o si, por el contrario, está aceptando condiciones propias de un mercado pensado para grandes patrimonios, no para instituciones públicas. En una época en la que la ciudadanía exige más claridad sobre cómo se usa el dinero público, este tipo de operaciones deja una enseñanza incómoda: cuando un gobierno entra en el mercado del lujo, no solo compra un activo, también asume el escrutinio político y social que viene con él.
