El diésel ilegal repunta en México y agrava el costo del huachicol fiscal

Imagen: infobae
La importación ilegal de diésel volvió a escalar en México y, según un estudio del Observatorio Ciudadano de la Energía, en junio registró un nuevo repunte. El dato confirma que el huachicol fiscal sigue creciendo pese a los operativos y al discurso oficial contra el contrabando de combustibles.
El huachicol fiscal de diésel importado desde el exterior volvió a encender las alarmas en México: en junio pasado, la entrada ilegal de ese combustible registró un nuevo aumento, de acuerdo con un estudio elaborado por el doctor Francisco Barnés de Castro y difundido por el Observatorio Ciudadano de la Energía. El hallazgo refuerza una tendencia que ya venía preocupando a especialistas y autoridades: el contrabando de hidrocarburos no solo persiste, sino que se adapta y crece a la sombra de las fallas de control en aduanas, puertos y cadenas de distribución.
El reporte citado por infobae señala que el alza de las importaciones ilegales de diésel es una señal de que el mercado ilícito sigue encontrando ventanas para operar. Aunque en el resumen divulgado no se detallan cifras específicas, el dato central es suficiente para dimensionar el problema: el combustible que entra sin pagar los impuestos correspondientes golpea las finanzas públicas, distorsiona la competencia y alimenta redes criminales que han convertido este negocio en una fuente de rentas millonarias. En otras palabras, cada litro de diésel ilegal no solo representa evasión fiscal, sino también una pérdida directa para el Estado y una presión adicional sobre quienes sí cumplen la ley.
El tema importa porque el huachicol fiscal ya no puede leerse como un fenómeno marginal ni exclusivamente fronterizo. En los últimos años, el contrabando de combustibles se ha sofisticado: combina rutas de importación, simulación documental, subregistro de cargas y mecanismos para evadir impuestos. Eso afecta a toda la cadena económica, desde las finanzas públicas hasta los transportistas, las estaciones de servicio y los consumidores finales, que terminan pagando el costo de un mercado desordenado y permeado por la ilegalidad. Además, cuando el Estado no logra contener estas fugas, la discusión sobre subsidios, precios y recaudación se vuelve aún más frágil.
La advertencia del Observatorio Ciudadano de la Energía llega en un momento especialmente sensible para el sector energético mexicano. El gobierno ha insistido en el combate al robo de combustible, pero el repunte detectado por Barnés de Castro sugiere que la estrategia no ha cerrado las grietas estructurales por donde entra el diésel ilegal. Si la tendencia continúa, México enfrentará no solo una pérdida mayor de ingresos, sino también una presión política para endurecer controles y transparentar una actividad donde, hasta ahora, los beneficios del contrabando parecen seguir superando el costo de ser atrapado.




