Pedraz refuerza la prueba del móvil de Serrano en plena batalla por el caso Leire
Imagen: El País
El juez Santiago Pedraz ordenó un nuevo volcado del móvil de Juan Manuel Serrano para blindar los mensajes vinculados al llamado caso Leire. La decisión llega después de que el ex presidente de Correos y ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez pusiera en duda la legalidad de la intervención policial en mayo.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha movido ficha para proteger una pieza sensible del llamado caso Leire: los mensajes que puedan aparecer en el teléfono de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y antiguo jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE. La decisión de ordenar un nuevo volcado del dispositivo busca asegurar que esa información quede preservada dentro de la investigación, en un momento en el que la legalidad de la intervención policial ha quedado bajo escrutinio.
Según informó El País, Serrano ha cuestionado la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) al intervenir su teléfono en mayo, poniendo en duda que el acceso al contenido se ajustara plenamente a derecho. Ese reclamo no es menor: en causas de este calibre, cualquier grieta procesal puede terminar contaminando pruebas clave, retrasando diligencias o debilitando la posición de la acusación. Por eso el juez ha optado por reforzar el blindaje de la información extraída del móvil, una medida que busca evitar que un eventual debate sobre la forma opaque el fondo de lo que pueda revelar el aparato.
El movimiento judicial tiene una lectura más amplia. El caso Leire se ha convertido en una investigación con ramificaciones políticas y administrativas que tocan directamente a figuras vinculadas al PSOE y a organismos del Estado, lo que eleva la sensibilidad del expediente. Serrano no es un nombre cualquiera: fue una de las personas de máxima confianza de Sánchez en la etapa en que este lideraba el partido y después ocupó una posición relevante al frente de Correos. Cualquier contenido que aparezca en su teléfono puede ofrecer pistas sobre contactos, decisiones o eventuales coordenadas internas de poder, algo que explica por qué el juez busca asegurar la trazabilidad de la prueba antes de que el procedimiento avance más.
Más allá del impacto inmediato en el caso, este episodio vuelve a poner sobre la mesa una tensión clásica en la justicia española: cómo equilibrar la necesidad de investigar presuntas irregularidades con las garantías sobre la privacidad y la cadena de custodia de la evidencia digital. En una época en la que gran parte de la vida política y administrativa pasa por el móvil, el valor de esos mensajes puede ser enorme, pero también lo es el riesgo de que una intervención mal ejecutada termine debilitando una causa entera. Para el Gobierno y para el PSOE, además, cualquier avance alrededor de Serrano añade presión a un entorno ya marcado por la sospecha y por el coste reputacional de una investigación que sigue mirando hacia arriba en la estructura de poder.
