Peinado y el riesgo de convertir la justicia en espectáculo
Imagen: El País
Si el juez Peinado cree de verdad que Begoña Gómez puede huir de la justicia, el caso deja de ser un simple choque procesal y se convierte en una alerta sobre el uso político de la toga. El problema ya no sería solo una posible impugnación, sino la calidad misma de la decisión judicial.
Si el juez que instruye el caso contra Begoña Gómez parte realmente de la idea de que la esposa del presidente del Gobierno puede convertirse en una prófuga, el debate ha cruzado una línea delicada: ya no hablamos solo de una resolución discutible, sino de un modo de ejercer la justicia que roza el exhibicionismo político. Como ha señalado El País, una sospecha de ese calibre no se corrige únicamente con un recurso ante la Audiencia de Madrid o con una queja ante el Consejo General del Poder Judicial; el verdadero problema estaría en el razonamiento que la sostiene. Y eso es mucho más grave que cualquier incidente procesal puntual.
Porque en el centro de esta discusión no está solo una persona investigada, sino la credibilidad de quien investiga. Cuando un magistrado adopta decisiones sobre la base de un riesgo de fuga que no parece apoyarse en hechos sólidos, el sistema transmite una señal inquietante: que la excepcionalidad puede sustituir a la prudencia y que la sospecha puede imponerse sobre la proporcionalidad. En cualquier estado de derecho, la medida cautelar no es un castigo anticipado ni una herramienta para construir relato; es un instrumento limitado que debe responder a riesgos concretos, verificables y razonables. Si eso no se cumple, la justicia empieza a parecerse demasiado a un escenario.
El caso Peinado ha quedado atrapado en una espiral de máxima exposición pública, y esa visibilidad tiene un coste institucional enorme. Cada paso judicial se interpreta ya no solo en clave legal, sino política, y eso alimenta una polarización que termina devorando la propia autoridad de los tribunales. En este contexto, la tentación del “populismo judicial” consiste precisamente en eso: actuar de cara a la galería, endurecer el tono, multiplicar la sospecha y construir la apariencia de firmeza aunque la base jurídica sea frágil. El resultado es perverso, porque convierte al juez en protagonista y relega la instrucción a un segundo plano, cuando debería ser exactamente al revés. Para el ciudadano común, esto importa más de lo que parece: si la justicia se percibe como una herramienta de escarmiento o de escenificación, pierde legitimidad incluso cuando acierta.
Por eso este episodio va más allá del expediente concreto de Begoña Gómez. Lo que está en juego es si las instituciones son capaces de distinguir entre investigar con rigor y judicializar con intenciones que parecen exceder el marco estrictamente procesal. Si un juez llega a pensar, de verdad, que una persona con ese perfil va a eludir a la justicia sin pruebas consistentes de ese riesgo, el daño ya no se limita a una causa concreta: se extiende a la confianza pública en la imparcialidad del sistema. Y en una democracia fatigada por la desconfianza, esa es una fractura que no se arregla con más ruido, sino con más derecho y menos espectáculo.
