El Constitucional se encamina a respaldar el rechazo del Supremo a la amnistía del procés
Imagen: El País
El Tribunal Constitucional se encamina a respaldar el rechazo del Supremo a aplicar la amnistía a los condenados del procés. La propuesta del magistrado José María Macías, de perfil conservador, previsiblemente quedará sin respaldo suficiente en el bloque progresista.
El Tribunal Constitucional se dispone a consolidar el primer gran muro judicial frente a la amnistía del procés: la ponencia del magistrado conservador José María Macías avala el criterio del Supremo de no extender esa medida a los condenados por los hechos de 2017. La discusión, según adelantó El País, llegará al Pleno con escasas opciones de prosperar, porque el sector progresista del órgano no ve base suficiente para respaldar el planteamiento del ponente.
La relevancia de este movimiento va más allá de un pulso técnico entre tribunales. Lo que está en juego es la interpretación práctica de una norma aprobada para cerrar una etapa política y judicial abierta tras el referéndum independentista unilateral en Cataluña. La ponencia de Macías, lejos de abrir la puerta a una aplicación amplia de la amnistía, se alinea con la lectura restrictiva que ya sostuvo el Tribunal Supremo, que ha mantenido bajo su jurisdicción a varios condenados al entender que determinados delitos y responsabilidades no quedan cubiertos por la ley. En otras palabras: el Constitucional no solo examina una cuestión jurídica, sino el alcance real de la promesa política de normalización que impulsó la ley.
Este choque tiene implicaciones directas para el tablero político español. Si el Constitucional termina rechazando la tesis de Macías, la mayoría progresista dejará claro que no está dispuesta a avalar una lectura aún más restrictiva que la del Supremo. Pero si la propuesta saliera adelante —algo poco probable, según las mayorías descritas por El País—, el golpe sería doble: se reforzaría la posición de los sectores contrarios a la amnistía y se complicaría todavía más la estrategia del Gobierno para presentar esta ley como una vía efectiva de desjudicialización del conflicto catalán. En cualquier caso, el mensaje de fondo es inequívoco: la batalla por la amnistía no terminó en el Congreso, y sigue abierta en los tribunales donde se decide quién queda dentro y quién queda fuera del perdón legal.
Para la ciudadanía, este pulso puede sonar abstracto, pero tiene efectos concretos sobre la confianza en las instituciones y sobre la estabilidad de la política española. La amnistía nació como una solución de alto coste político para desbloquear la gobernabilidad; ahora su aterrizaje judicial muestra que ninguna mayoría parlamentaria puede garantizar por sí sola el cierre del conflicto. Lo que ocurra en el Constitucional marcará no solo el futuro de los encausados del procés, sino también el margen de maniobra del Ejecutivo y la temperatura del debate territorial en los próximos meses.
