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La Xunta impulsa una moratoria de dos años para plantas de biogás en Galicia

Hace 15 horas
La Xunta impulsa una moratoria de dos años para plantas de biogás en Galicia

Imagen: El País

La Xunta de Galicia ha dado un giro político y prepara una moratoria de dos años para la tramitación de plantas de biogás, en medio de crecientes protestas vecinales. El cambio llega después de que el Ejecutivo autonómico acusara al BNG de alimentar la alarma social por estos proyectos.

La Xunta de Galicia ha cambiado de estrategia y ahora impulsa una moratoria de dos años para frenar la tramitación de nuevas plantas de biogás, una decisión que llega cuando las movilizaciones vecinales han empezado a ganar fuerza en distintos puntos de la comunidad. El movimiento político resulta llamativo porque el Gobierno gallego pasó en poco tiempo de descalificar las críticas del BNG a asumir, en la práctica, que el conflicto social ya exige una pausa institucional.

Según informó El País, la suspensión temporal se aplicaría hasta que concluyan las próximas elecciones autonómicas, lo que convierte la medida en una decisión con evidente carga política además de administrativa. En el fondo, el debate no gira solo en torno a una tecnología energética que el Ejecutivo presenta como parte de la transición hacia modelos más sostenibles, sino también sobre el rechazo que han generado algunos proyectos en zonas rurales donde los vecinos temen impactos ambientales, malos olores, tráfico pesado y una planificación impuesta sin suficiente consenso local.

La moratoria revela hasta qué punto el biogás se ha convertido en un asunto incómodo para el PP gallego: por un lado, necesita defender una agenda de desarrollo energético que encaje con los objetivos de descarbonización; por otro, no puede ignorar el desgaste que provocan las protestas en municipios donde la percepción es que estas plantas avanzan más rápido que la información y el diálogo con la ciudadanía. El giro de la Xunta sugiere que el coste político de seguir adelante sin freno podía ser mayor que el de congelar los expedientes, al menos de forma temporal.

Más allá de Galicia, el caso ilustra un problema que se repite en muchas regiones de España: la dificultad de traducir la transición energética en proyectos concretos que sean aceptados por el territorio. El biogás aparece como una solución útil para gestionar residuos y generar energía, pero también como un nuevo foco de conflicto si las instituciones no logran explicar con claridad dónde, cómo y para qué se instalan estas plantas. La decisión de la Xunta no resuelve ese debate; apenas compra tiempo en un escenario político cada vez más sensible.

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