PP y Vox contraatacan para frenar la reforma que daría más poder a los grupos pequeños
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PP y Vox han movido ficha para bloquear la reforma del Reglamento del Congreso que facilitaría la creación de grupos propios a formaciones pequeñas. El pulso no es solo técnico: está en juego dinero, tiempo de intervención y poder real dentro de la Cámara.
El PP y Vox han decidido plantar batalla para frenar una reforma del Reglamento del Congreso que podría cambiar el mapa interno de la Cámara y dar más aire a los partidos minoritarios. Ambas formaciones han registrado enmiendas de totalidad con texto alternativo para tumbar la iniciativa impulsada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG, una propuesta que ya superó el primer examen parlamentario a finales de mayo con el respaldo del PSOE y que volverá a debatirse la próxima semana, según informó Europa Press. El trasfondo es claro: no se discute solo una cuestión procedimental, sino quién tiene acceso a más recursos, más visibilidad y más capacidad de influencia dentro del hemiciclo.
La reforma pretende rebajar las exigencias para constituir grupo parlamentario propio, modificando el artículo 23 del Reglamento de 1982. Hoy, la norma fija un umbral de 15 escaños o, en su defecto, la superación de cinco diputados junto con un 5% de los votos en todo el país o un 15% en las circunscripciones en las que se concurra. La mayoría que apoya la reforma quiere suavizar esas condiciones y situar el listón en el 3% nacional y el 10% provincial, un cambio que abriría la puerta a que más formaciones puedan operar con autonomía en la Cámara. PP y Vox, en cambio, defienden mantener intactos los porcentajes actuales y denuncian que en la práctica se ha tolerado una ingeniería parlamentaria basada en el préstamo temporal de diputados para salvar el obstáculo reglamentario. En la primera sesión de esta legislatura, ERC y Junts no cumplían los requisitos y recurrieron a apoyos puntuales de diputados del PSOE y de Sumar; después, la Mesa aceptó los grupos y esos parlamentarios regresaron a sus respectivas formaciones.
La pelea importa porque tener grupo propio no es un asunto menor ni una discusión para especialistas en derecho parlamentario. Supone voz garantizada en los grandes debates, presencia en comisiones, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces, además de una pregunta por sesión de control al Gobierno. También hay un componente económico evidente: más subvenciones, más ayudas por el mailing electoral y más capacidad para sostener estructura política y comunicación. En otras palabras, el tamaño del grupo condiciona la fuerza real de cada partido dentro del Congreso, algo que se traduce en más margen para influir en la agenda y en la negociación legislativa. Por eso esta reforma ha desatado resistencias tan intensas: para unos, corrige una norma anticuada que penaliza a las minorías; para otros, legitima atajos que consideran un fraude de ley reiterado.
Vox ha ido más allá y ha aprovechado su texto alternativo para reabrir varias de sus batallas identitarias en el Parlamento, como la exigencia de que el castellano sea lengua obligatoria en la actividad parlamentaria y la prohibición de ciertos añadidos en el acto de jura o promesa. El choque, por tanto, no se limita a una discusión técnica sobre cómo organizar grupos, sino que refleja una fractura política más profunda: la tensión entre quienes quieren adaptar las reglas del Congreso a una Cámara más plural y quienes creen que relajar el reglamento termina premiando el uso táctico de las normas. Lo que se vote la próxima semana dirá mucho no solo sobre el equilibrio de fuerzas en esta legislatura, sino sobre el tipo de Parlamento que quieren construir sus actores principales.
