Petro mueve cuatro billones para enfrentar el golpe de El Niño en Colombia
Imagen: El Tiempo - Política
Gustavo Petro anunció que pidió trasladar cuatro billones de pesos a la UNGRD para enfrentar el impacto del fenómeno de El Niño en Colombia. La decisión busca reforzar la capacidad del Estado ante una temporada que puede golpear agua, energía y abastecimiento.
El presidente Gustavo Petro anunció que solicitó el traslado de cuatro billones de pesos para reforzar la respuesta del Estado frente al fenómeno de El Niño, una de las amenazas climáticas más sensibles para Colombia en este momento. Los recursos irán a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que tendría a cargo la coordinación de medidas para mitigar los efectos de la sequía, los incendios y las presiones sobre el sistema energético y el abastecimiento de agua en varias regiones del país.
La decisión, revelada por El Tiempo - Política, confirma que el Gobierno está moviendo fichas para enfrentar un escenario que ya venía siendo advertido por autoridades técnicas y ambientales. No se trata solo de un anuncio presupuestal: es una señal de que la administración Petro reconoce la magnitud del golpe que puede provocar el fenómeno en territorios donde la infraestructura es frágil y la capacidad de respuesta institucional suele llegar tarde. En la práctica, esos cuatro billones deberían traducirse en prevención, atención de emergencias y apoyo a comunidades expuestas a racionamientos, pérdidas agrícolas y aumento del riesgo de incendios forestales.
El anuncio también pone sobre la mesa una discusión de fondo: en Colombia, cada temporada de El Niño vuelve a exhibir la vulnerabilidad estructural del país frente al cambio climático y la improvisación estatal. La UNGRD ha sido históricamente el vehículo para atender crisis de este tipo, pero su eficacia depende no solo del monto asignado, sino de la rapidez con que los recursos se ejecuten y de la transparencia con la que se manejen. En otras palabras, el reto no es únicamente conseguir el dinero, sino convertirlo en acciones visibles antes de que la emergencia se profundice. Y ahí es donde la ciudadanía termina pagando el costo si el aparato público responde tarde o mal.
Para la gente de a pie, lo que está en juego es concreto: tarifas de energía bajo presión, posibles restricciones de agua, pérdidas en cultivos y mayor exposición a emergencias ambientales. En un país donde los eventos climáticos extremos ya no son excepcionales sino recurrentes, este anuncio debería leerse como una alarma y no como un simple trámite administrativo. El verdadero examen del Gobierno comenzará cuando esos recursos dejen de ser una cifra y se conviertan en capacidad real para prevenir daños mayores.
