Grecia lanza un plan de 2.200 millones para aliviar la crisis del costo de vida
Imagen: infobae
Grecia anunció un plan de reformas y alivios por 2.200 millones de euros para contener el costo de vida y apuntalar el consumo. Mitsotakis busca convertir la mejora macroeconómica en beneficios visibles antes de unas elecciones que llegan con su partido al frente, pero sin mayoría asegurada.
El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, puso sobre la mesa este sábado un paquete de reformas valorado en 2.200 millones de euros con una apuesta política clara: trasladar el crecimiento económico a los bolsillos de los ciudadanos antes de que el calendario electoral apriete. El plan, bautizado como Acuerdo Progreso y Prosperidad, combina aumento de pensiones, subas salariales, incentivos familiares y alivios fiscales con el objetivo de frenar la presión del costo de vida, uno de los principales malestares sociales en Grecia.
Según informó infobae, entre las medidas más visibles figura la elevación de la pensión mínima para mayores de 65 años, que pasará de 300 a 400 euros y será universalizada, además de una paga extraordinaria de 500 euros para el funcionariado. El salario mínimo también subirá: pasará de 920 a 1.000 euros y el Gobierno promete llevarlo progresivamente a 1.300 euros en enero de 2028. El paquete incluye además exenciones fiscales para negocios ganaderos con ingresos de hasta 20.000 euros, una reducción progresiva del 30% en el precio de la electricidad entre 2027 y 2030 y beneficios para autónomos. En paralelo, se creará un Banco de Ahorro estatal que igualará, hasta un máximo de 1.200 euros al año, el dinero que depositen los padres de un bebé durante sus dos primeros años de vida.
La lectura de fondo es política y económica al mismo tiempo. Mitsotakis intenta capitalizar unos indicadores macroeconómicos que, según su propio diagnóstico, ya muestran un rumbo favorable, pero que aún no terminan de sentirse en la vida cotidiana. Esa es la verdadera batalla de fondo: en Grecia, como en buena parte de Europa, la recuperación no se mide solo en cifras de crecimiento o disciplina fiscal, sino en si una familia puede pagar la luz, llenar la nevera y llegar a fin de mes sin depender de ayudas puntuales. El Gobierno asegura que podrá financiar estos beneficios sin comprometer sus metas de déficit ni chocar con los compromisos asumidos ante la Unión Europea, una promesa que será observada con lupa por Bruselas y por la oposición interna.
El componente demográfico también pesa en el diseño del paquete. El Ejecutivo ofrecerá un incentivo de 1.000 euros por cada bebé nacido en familias con más de tres hijos desde enero de 2026 y eximirá del impuesto sobre la renta a las familias numerosas con ingresos inferiores a 20.000 euros a partir de 2027. En un país donde el envejecimiento, la baja natalidad y la precariedad laboral llevan años tensionando el modelo social, estas decisiones buscan algo más que alivio coyuntural: pretenden enviar la señal de que el Estado vuelve a intervenir para sostener a quienes más sienten la inflación y el encarecimiento de los servicios. Pero también hay una lectura electoral inevitable. Con elecciones generales previstas antes de julio de 2027 y Nueva Democracia liderando las encuestas, aunque sin mayoría absoluta, Mitsotakis necesita que la buena marcha de las cuentas públicas se transforme en apoyo político real. Si lo consigue o no dependerá de si este paquete logra algo más que titulares: que la prosperidad prometida se note en la calle.
