Alias Se Lo Juro destapa la orden detrás del secuestro y asesinato de un contratista de Hidroituango
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Alias Se Lo Juro habría identificado al hombre que ordenó el secuestro, tortura y asesinato del ingeniero Andrés Camilo Peláez en San Andrés de Cuerquia, Antioquia. El caso vuelve a exhibir la violencia de los grupos armados que disputan el control territorial alrededor de Hidroituango.
La investigación por el secuestro y asesinato del ingeniero Andrés Camilo Peláez en San Andrés de Cuerquia dio un giro clave: alias Se Lo Juro habría señalado al presunto responsable de ordenar el crimen. El caso, que sacudió a Antioquia por la sevicia con la que fue ejecutado, vuelve a poner sobre la mesa el poder de estructuras armadas que siguen operando en corredores estratégicos del departamento, incluso en zonas donde la presencia institucional debería ser más robusta.
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo (Colombia), alias Se Lo Juro no solo habría aportado detalles sobre la cadena de mando detrás del secuestro, sino que además apuntó a la persona que habría dado la orden de raptar, torturar y asesinar al contratista vinculado a Hidroituango. La revelación es relevante porque ayuda a perfilar el prontuario de un cabecilla al que las autoridades le atribuyen participación directa en una estructura criminal con capacidad de intimidación, control social y eliminación de objetivos en territorios disputados. En un país donde los homicidios selectivos suelen quedar enterrados entre expedientes y miedo, cada testimonio que rompe el silencio abre una ventana para reconstruir cómo operan estos grupos.
El asesinato de Peláez no es un hecho aislado ni un simple crimen común: ocurre en una región donde confluyen intereses económicos, presencia de actores armados y disputa por rentas ilegales. San Andrés de Cuerquia y el entorno de Hidroituango han sido escenario de tensiones que afectan tanto a trabajadores de obra como a comunidades rurales, comerciantes y transportadores que viven bajo la presión de mandos armados que imponen reglas paralelas. Por eso importa saber quién dio la orden y quién la ejecutó: no solo para llevar a los responsables ante la justicia, sino para entender la arquitectura criminal que permite que un secuestro termine en tortura y muerte sin que el Estado logre impedirlo a tiempo. En Antioquia, como en otras zonas golpeadas por la violencia, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: cuánto poder real conservan estas estructuras y qué tan lejos está la autoridad de recuperarlo.
La identificación del presunto autor intelectual puede convertirse en una pieza decisiva para la Fiscalía, pero también en una prueba de fuego para la protección de testigos y la capacidad estatal de sostener una investigación hasta sus últimas consecuencias. Si las autoridades logran cerrar el círculo sobre este caso, no solo avanzarán en justicia para la familia de Peláez; también podrán enviar un mensaje sobre una realidad incómoda en Colombia: detrás de muchos crímenes de alto impacto hay cadenas de mando precisas, nombres conocidos por las redes ilegales y territorios donde la ley sigue llegando tarde.




