El Salvador lleva a juicio a la cúpula de la MS-13 en un caso de miles de años de cárcel
Imagen: clarin colombia
El primer juicio colectivo contra la cúpula de la Mara Salvatrucha en El Salvador cerró con una petición de miles de años de cárcel para 485 imputados. El proceso marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Nayib Bukele contra las pandillas, pero también abre dudas sobre el alcance real de la justicia.
El Salvador cerró el primer juicio masivo contra los mandos de la Mara Salvatrucha con una solicitud de condenas que, en conjunto, suma miles de años de prisión para 485 imputados. Entre ellos figuran integrantes de la cúpula de la MS-13, una estructura criminal que durante años operó como uno de los principales poderes paralelos del país y que hoy enfrenta el mayor proceso judicial impulsado bajo la ofensiva antipandillas del presidente Nayib Bukele.
De acuerdo con la información difundida por clarin colombia, los acusados responden por una amplia lista de delitos que incluye homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas y rebelión. El caso no solo es voluminoso por la cantidad de procesados, sino por el carácter simbólico del expediente: se trata del primer juicio colectivo contra los máximos jefes de la pandilla, en un país que lleva más de dos años bajo un régimen de excepción y donde el gobierno ha convertido la seguridad en el eje de su legitimidad política.
El proceso debe leerse más allá del castigo penal. Bukele ha construido su capital político sobre la promesa de desmontar a las maras con mano dura, detenciones masivas y control territorial militarizado. Esa estrategia ha reducido de forma drástica los homicidios, pero también ha dejado un rastro de denuncias por detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales y debilitamiento de contrapesos institucionales. Por eso este juicio importa tanto: no solo busca sentenciar a una dirigencia criminal que durante décadas desafió al Estado, sino también probar si el sistema judicial salvadoreño puede sostener una causa de esta magnitud sin convertirse en una extensión política de la guerra contra las pandillas.
La dimensión del caso también ayuda a entender el dilema regional que enfrenta Centroamérica. La MS-13 no nació en El Salvador y su influencia se expandió por décadas entre deportaciones, migración, pobreza urbana y redes de criminalidad transnacional que conectaron barrios de San Salvador con ciudades de Estados Unidos y otros puntos del continente. Si el juicio termina en condenas ejemplares, Bukele podrá exhibirlo como prueba de victoria. Si, en cambio, el proceso deja grietas en garantías básicas o se percibe como un juicio político, el costo puede ser alto para la credibilidad de la justicia salvadoreña y para el mensaje que el gobierno intenta vender al exterior: que la seguridad ya fue recuperada, aunque todavía falte demostrar que también se recuperó el Estado de derecho.
