El SUP rompe el cerco institucional en Ceuta y pide ayuda a Vivas por la presión policial

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha decidido saltarse el atasco institucional que, según denuncia, mantiene paralizados sus reclamos en Ceuta y ha pedido amparo directo al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas. La solicitud llega en un momento delicado: la organización policial advierte que la presión sobre los agentes sigue siendo alta tras la crisis migratoria y que la falta de interlocución con la Delegación del Gobierno está agravando un escenario ya de por sí tensionado en materia de seguridad ciudadana.

Según el comunicado difundido por el sindicato y recogido por EFE, el SUP sostiene que el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha rechazado reunirse con los representantes sindicales y policiales. Para la organización, ese portazo institucional no es un detalle administrativo, sino una señal preocupante en una ciudad donde conviven de forma permanente asuntos tan sensibles como la vigilancia del territorio, la gestión migratoria, la investigación policial y la respuesta a incidentes de orden público. El sindicato asegura que los agentes siguen soportando una carga elevada en áreas como Seguridad Ciudadana, Extranjería, Policía Científica e Información, además de las consecuencias operativas derivadas de la entrada masiva de personas registrada en la ciudad. A ello se suman, según el SUP, las condiciones de trabajo de los funcionarios destinados en Ceuta y de los refuerzos llegados desde la península para contener la situación.

El trasfondo del conflicto es más amplio que una simple disputa entre una delegación estatal y un sindicato. Ceuta arrastra desde hace años una dependencia estructural de refuerzos puntuales cada vez que se dispara la presión migratoria o se producen episodios de tensión en la frontera y en la ciudad. El SUP quiere precisamente romper esa dinámica y pide un plan integral y permanente de seguridad, más plantilla fija, mejores medios y refuerzo de las unidades más castigadas. La advertencia tiene una lectura política y social clara: cuando los policías dicen sentirse desbordados y la ciudadanía percibe que aumentan los incidentes y agresiones, la confianza en la capacidad del Estado para sostener el orden y la convivencia empieza a resquebrajarse.

Aunque el sindicato reconoce que la seguridad ciudadana es competencia de la Administración General del Estado, insiste en que acudir a Vivas no busca alterar el reparto competencial, sino abrir una vía de interlocución ante el bloqueo que denuncia. En la práctica, el movimiento coloca a la presidencia ceutí en una posición incómoda pero relevante: no puede resolver por sí sola el problema, pero sí convertirse en altavoz de una crisis que afecta de lleno a la vida cotidiana en la ciudad. La pregunta de fondo ya no es solo quién manda, sino quién escucha antes de que la presión operativa termine convirtiéndose en un problema político mayor.