El Supremo archiva querellas contra Sánchez por la crisis de Ceuta
Imagen: El País
El Tribunal Supremo archivó una querella de Vox y tres denuncias contra Pedro Sánchez y varios ministros por la crisis migratoria de Ceuta, al considerar que no había base suficiente para abrir una causa penal. El fallo desactiva uno de los intentos más visibles de convertir la gestión de aquella crisis en un caso judicial contra el Gobierno.
El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a una ofensiva judicial contra Pedro Sánchez y varios de sus ministros por la crisis de Ceuta. El alto tribunal archivó una querella presentada por Vox y tres denuncias más —una de Manos Limpias y dos de particulares— al entender que no existían elementos suficientes para abrir una investigación penal contra el presidente y miembros de su gabinete.
La decisión, según informó El País, supone un revés para quienes intentaban llevar al terreno penal la actuación del Ejecutivo durante aquel episodio de fuerte tensión en la frontera con Marruecos. El Supremo no avaló la tesis de que la respuesta del Gobierno pudiera sostenerse como delito, y con ello descartó abrir una causa que habría elevado la presión política sobre Sánchez en uno de los momentos más delicados de su mandato en política exterior y migratoria.
Más allá del archivo concreto, el fallo refleja un límite relevante en el uso de los tribunales como escenario de disputa política. En España, como en otras democracias europeas, la gestión de la migración y de las crisis fronterizas se ha convertido en un terreno de confrontación permanente entre el Gobierno y la oposición. Pero otra cosa es que esa confrontación encuentre respaldo penal, algo que el Supremo ha negado de momento. La resolución también deja claro que no basta con la intensidad del conflicto político para forzar una imputación: hace falta una base jurídica sólida, y eso es precisamente lo que el tribunal no vio en estos escritos.
El caso de Ceuta dejó imágenes de enorme impacto y abrió un debate sobre la coordinación entre política migratoria, relaciones diplomáticas y seguridad fronteriza. Aunque esta decisión no borra la polémica política, sí reduce el margen para que se transforme en un frente judicial contra Sánchez. Y envía un mensaje incómodo para la oposición: no toda crisis de gobierno, por grave que sea, termina convertida en delito.
