EE UU aprieta a la CPI y Europa cierra filas ante una nueva crisis internacional
Imagen: El País
La Corte Penal Internacional volvió a quedar en el centro de la confrontación con Washington tras las nuevas sanciones de EE.UU. contra sus jueces. Bruselas respondió cerrando filas con el tribunal, mientras Chad y Venezuela anunciaron su salida bajo presión política.
La Corte Penal Internacional (CPI) atraviesa uno de sus momentos más tensos desde su creación: Estados Unidos endureció su ofensiva contra la institución con nuevas sanciones a sus jueces y, al mismo tiempo, Bruselas salió a respaldarla con un mensaje político que busca contener el daño. El choque no es solo diplomático. Golpea al último tribunal permanente encargado de juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad, y envía una señal inquietante sobre hasta dónde están dispuestas a llegar las grandes potencias para frenar su alcance.
Según informó El País, la respuesta europea llegó con una reafirmación explícita del apoyo a la corte, en momentos en que Washington mantiene su presión sobre funcionarios judiciales internacionales por decisiones que incomodan a su política exterior y a la de sus aliados. La tensión se agravó además por el anuncio de Chad y Venezuela de abandonar la institución, una decisión que ilustra cómo el peso de Estados Unidos sigue marcando la conducta de gobiernos que prefieren no exponerse al costo de enfrentarse a Washington. En la práctica, la CPI queda atrapada entre la defensa de su independencia y el cálculo geopolítico de países que, ante la amenaza, optan por apartarse.
Lo que está en juego va mucho más allá del nombre de una corte con sede en La Haya. La CPI depende de la cooperación de los Estados para investigar, detener y juzgar a quienes cometen los peores crímenes reconocidos por el derecho internacional. Cuando una potencia como Estados Unidos sanciona a sus jueces, el mensaje es que las reglas pueden subordinarse a los intereses de seguridad y a la correlación de fuerzas. Y cuando otros países empiezan a retirarse, el sistema pierde legitimidad, cobertura territorial y capacidad real de actuación. Para las víctimas de conflictos en África, América Latina, Europa del Este o Medio Oriente, eso significa algo muy concreto: menos posibilidades de que sus denuncias terminen en una sala de justicia internacional.
Este episodio también revela una fractura más profunda en el orden global. Europa intenta presentarse como defensora del multilateralismo, pero su respaldo a la CPI suele chocar con la debilidad política para frenar de verdad las presiones de Washington. En paralelo, Estados Unidos consolida una estrategia de castigo institucional que no solo afecta a la corte, sino a la idea misma de que existe un derecho internacional por encima de la fuerza. Si la CPI resiste, lo hará con menos margen y bajo una hostilidad creciente; si cede, el precedente será aún más grave: el de una justicia internacional que depende de quién tenga más poder para castigarla.
