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El TPS venezolano vuelve a quedar en suspenso: el Gobierno acude a la Corte Suprema y obtiene una nueva pausa judicial

Omar RodríguezOmar RodríguezHace 49 minutos
El TPS venezolano vuelve a quedar en suspenso: el Gobierno acude a la Corte Suprema y obtiene una nueva pausa judicial

La administración de Donald Trump solicitó al máximo tribunal estadounidense bloquear una sentencia que podría restablecer las protecciones migratorias de cientos de miles de venezolanos. Horas después, una corte de apelaciones extendió temporalmente la suspensión mientras continúa examinando el caso. Por Omar Rodríguez SANA Prensa Independiente

WASHINGTON, 18 de noviembre de 2026. La disputa por el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los venezolanos en Estados Unidos entró este miércoles en una nueva etapa judicial. El Gobierno del presidente Donald Trump acudió nuevamente a la Corte Suprema para solicitar que se impida la entrada en vigor de una sentencia que declaró ilegal la terminación de las protecciones migratorias.

La solicitud de emergencia, presentada por el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, busca suspender los efectos de una resolución del juez federal Edward Chen, del Distrito Norte de California, mientras continúa el proceso de apelación.

La controversia involucra la designación del TPS de Venezuela correspondiente a 2023, cuya terminación fue impugnada por beneficiarios del programa y organizaciones defensoras de inmigrantes.

Sin embargo, pocas horas después de la presentación ante la Corte Suprema, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito adoptó una nueva decisión: concedió una suspensión administrativa que se mantendrá hasta siete días después de que ese tribunal emita su próxima resolución.

El cambio modifica las expectativas sobre el 20 de noviembre, fecha en la que estaba previsto que venciera una suspensión anterior.

El Gobierno busca impedir el restablecimiento

La petición presentada ante la Corte Suprema solicita mantener suspendida la sentencia que anuló la decisión administrativa de terminar el TPS venezolano.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que permitir la entrada en vigor inmediata del fallo produciría consecuencias importantes para sus operaciones migratorias.

Según el escrito judicial, las autoridades podrían verse obligadas a restablecer protecciones y autorizaciones laborales de personas que habían perdido esos beneficios tras la terminación del programa.

El Gobierno argumenta que la situación podría afectar procedimientos de deportación y decisiones relacionadas con la detención migratoria.

No obstante, estas afirmaciones corresponden a los argumentos de la administración federal ante el tribunal y deben distinguirse de hechos que ya se hayan materializado.

La solicitud tampoco constituye una decisión de la Corte Suprema.

Hasta el cierre de esta información, el máximo tribunal no había emitido una resolución definitiva sobre la nueva petición de emergencia.

Las cifras presentadas por el Gobierno

En su escrito, la administración aseguró que la restitución de las protecciones podría obligar a las autoridades a liberar de centros de detención a aproximadamente 1.800 venezolanos.

También afirmó que la medida impediría ejecutar hasta 332 órdenes definitivas de deportación.

Las cifras fueron utilizadas para sustentar la solicitud de suspensión y reflejan la evaluación presentada por el Ejecutivo.

No significan que esas personas ya hayan sido liberadas ni que las órdenes de deportación hayan quedado automáticamente anuladas.

El Gobierno también advirtió sobre las dificultades administrativas que, a su juicio, implicaría volver a otorgar autorizaciones de empleo mientras se resuelve la controversia judicial.

Una nueva decisión del Noveno Circuito cambia el calendario

El 3 de noviembre de 2026, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito había concedido una suspensión administrativa de 14 días, cuyo cómputo comenzó el 6 de noviembre.

Esa medida se relacionaba con una sentencia de septiembre de 2025 que había dejado sin efecto la terminación del TPS.

La suspensión estaba prevista hasta el 20 de noviembre, salvo nueva orden judicial.

Sin embargo, este miércoles 18 de noviembre, después de que el Gobierno presentara la solicitud ante la Corte Suprema, el Noveno Circuito emitió una nueva pausa procesal.

De acuerdo con la información difundida por UCLA Law, cuyos equipos jurídicos participan en la representación de los demandantes, la suspensión permanecerá vigente hasta siete días después de que el tribunal de apelaciones dicte su próxima decisión.

Por lo tanto, el 20 de noviembre ya no debe interpretarse como una fecha de restablecimiento automático de las protecciones migratorias.

La nueva medida tampoco resuelve definitivamente si la terminación del TPS fue legal.

Su finalidad es mantener temporalmente la situación mientras los jueces examinan la controversia.

¿Por qué existe esta disputa judicial?

El Estatus de Protección Temporal es un mecanismo humanitario establecido por el Congreso de Estados Unidos en 1990.

Permite que determinadas personas procedentes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias permanezcan temporalmente en territorio estadounidense y, cuando cumplen los requisitos correspondientes, obtengan autorización para trabajar.

Venezuela recibió una designación de TPS en 2021, posteriormente ampliada en 2023.

Durante la administración de Joe Biden, el programa permitió proteger temporalmente a un amplio número de venezolanos.

Sin embargo, en 2025, el Gobierno de Donald Trump adoptó decisiones para poner fin a esas designaciones y dejar sin efecto determinadas extensiones.

Organizaciones defensoras de inmigrantes y beneficiarios del programa acudieron a los tribunales para cuestionar la legalidad de las medidas.

El juez Edward Chen concluyó que la terminación objeto del litigio no se ajustaba a la legislación aplicable.

La administración federal impugnó esa decisión, dando lugar a una sucesión de resoluciones, apelaciones y suspensiones judiciales.

Cerca de 600.000 venezolanos han recibido la protección

De acuerdo con información difundida por Associated Press, aproximadamente 600.000 venezolanos recibieron TPS bajo las designaciones adoptadas desde 2021.

Esta cifra representa el número aproximado de personas que han recibido la protección y no debe confundirse con la cantidad de beneficiarios que actualmente conservan un estatus vigente.

La situación de cada persona puede variar según su fecha de registro, la designación correspondiente, sus documentos migratorios y las órdenes judiciales aplicables.

La terminación del programa ha generado incertidumbre entre familias que dependen de la autorización de empleo y de la protección temporal contra la deportación.

Para muchas de ellas, los cambios pueden repercutir en su continuidad laboral, sus ingresos y la posibilidad de permanecer junto a sus familiares.

Las organizaciones demandantes cuestionan la petición

La National TPS Alliance y los beneficiarios que participan en el litigio sostienen que la terminación de las protecciones fue ilegal.

Los representantes jurídicos de los demandantes han defendido la validez de la sentencia del tribunal de distrito y cuestionan la insistencia del Gobierno en solicitar nuevas suspensiones de emergencia.

Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del norte de California, señaló en una declaración difundida por UCLA Law que el Noveno Circuito ya está examinando el caso mediante un procedimiento acelerado y cuestionó la necesidad de acudir nuevamente a la Corte Suprema.

La disputa refleja posiciones jurídicas diferentes.

Mientras el Gobierno sostiene que el Poder Ejecutivo dispone de autoridad para terminar las designaciones de TPS y cuestiona el alcance de la revisión judicial, los demandantes defienden que esas decisiones deben ajustarse a los límites establecidos por la legislación federal.

La resolución definitiva sobre los asuntos pendientes dependerá de los tribunales competentes.

¿Qué significa para los venezolanos con TPS?

La principal consecuencia inmediata es que la sentencia favorable a los demandantes continúa sin producir un restablecimiento general de las protecciones mientras permanezca vigente la suspensión judicial.

Esto significa que las personas afectadas no deben asumir que recuperaron automáticamente su autorización de empleo ni su protección contra la deportación.

La presentación de una demanda, la existencia de una sentencia favorable o la interposición de un recurso judicial pueden tener efectos diferentes según las órdenes vigentes.

Los beneficiarios deben comprobar su situación individual mediante los avisos oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y, cuando resulte necesario, buscar asesoría legal especializada.

También es importante distinguir entre la designación del TPS de 2021 y la de 2023, porque las decisiones administrativas y judiciales no siempre tienen idéntico alcance para ambas.

El próximo paso depende de los tribunales

La solicitud de emergencia presentada ante la Corte Suprema permanece como uno de los asuntos centrales del litigio.

Paralelamente, el Noveno Circuito continuará examinando los argumentos de las partes sobre la validez de la terminación del TPS.

La nueva suspensión administrativa permite mantener temporalmente los efectos actuales mientras se emite otra decisión judicial.

El máximo tribunal puede pronunciarse sobre la petición del Gobierno, aunque la presentación del recurso no implica por sí sola que los magistrados acepten sus argumentos.

Omar Rodríguez
Omar Rodríguez

Corresponsal | Periodista investigativo

Omar José Rodríguez Bonilla

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