El veneno invisible del campo colombiano: el regreso de las fumigaciones aéreas abre una nueva disputa por la salud y el agua

Un nuevo herbicida, una vieja controversia

Colombia vuelve a discutir las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos, una estrategia utilizada durante décadas y cuestionada por sus posibles consecuencias sobre la salud humana, los ecosistemas y las actividades agrícolas de las comunidades rurales.

Esta vez, el centro de la discusión es el glufosinato de amonio, un herbicida distinto del glifosato que históricamente se utilizó en las operaciones de erradicación aérea.

El 10 de septiembre de 2026, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional confirmó públicamente un plan piloto en Putumayo, dentro de la estrategia Esmeralda Plus. Según lo divulgado por la institución, el ensayo sería limitado, temporal y sujeto a condiciones técnicas, ambientales y de seguridad.

La Policía señaló que la iniciativa no representaba automáticamente el restablecimiento de un programa nacional de fumigaciones y anunció exclusiones para territorios colectivos, comunidades especialmente protegidas, cuerpos de agua y áreas ambientalmente sensibles.

Sin embargo, una cuestión permanece abierta: ¿cómo se garantizaría que las gotas del herbicida no lleguen a territorios, cultivos o fuentes hídricas situados fuera del área prevista?

La intervención de los jueces

El proyecto encontró obstáculos judiciales.

El 11 de septiembre de 2026 se conoció que el Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís había admitido una tutela y suspendido temporalmente la ejecución del piloto.

Posteriormente, información publicada el 1 de octubre señaló que el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa había concedido recursos de impugnación contra otra decisión que suspendía la iniciativa, contenida en una sentencia del 22 de septiembre.

La existencia de estos procesos muestra que la controversia no se limita a opiniones sobre la política antidrogas. También involucra discusiones sobre derechos fundamentales, procedimientos administrativos y obligaciones de prevención del daño.

No obstante, la documentación periodística consultada todavía no permite establecer cuál es el estado procesal definitivo de todas las actuaciones al 18 de octubre.

¿Es más peligroso el glufosinato?

La discusión científica requiere distinguir entre dos cuestiones: la peligrosidad de una sustancia y el riesgo real que enfrenta una persona al estar expuesta a ella.

La Organización Mundial de la Salud dispone de una clasificación de plaguicidas según su peligrosidad aguda. En esa clasificación, el glufosinato de amonio se ubica en una categoría de mayor peligro agudo que el glifosato.

Sin embargo, esa diferencia no permite calcular automáticamente cuántas personas podrían enfermar durante una operación aérea.

Para determinar el riesgo se necesita conocer, entre otros factores, la formulación comercial, la dosis, la frecuencia de aplicación, las condiciones meteorológicas y las vías de exposición.

Una investigación publicada por El País el 12 de octubre de 2026 recogió advertencias de especialistas colombianos sobre posibles efectos neurológicos, respiratorios y ambientales asociados con el glufosinato.

También planteó interrogantes sobre su eficacia para erradicar definitivamente plantas de coca, debido a que actúa principalmente sobre las partes de la planta con las que entra en contacto.

Esas observaciones no equivalen a resultados de un ensayo de aspersión aérea realizado en Putumayo. La efectividad y los impactos específicos del proyecto deben evaluarse con documentación científica y mediciones reales.

El precedente del glifosato

El glifosato permanece en el centro de un debate internacional que comenzó mucho antes de la propuesta de 2026.

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, especializada en investigación oncológica dentro de la OMS, clasificó el glifosato en el grupo 2A: probablemente cancerígeno para los seres humanos.

La clasificación se refiere a la identificación de un peligro carcinogénico. No significa que toda persona expuesta desarrolle cáncer.

La evaluación de riesgos alimentarios realizada por expertos de la FAO y la OMS y las evaluaciones de determinadas autoridades regulatorias han utilizado enfoques distintos y han llegado a conclusiones diferentes para escenarios específicos de exposición.

En Colombia, la Corte Constitucional examinó el asunto en la Sentencia T-236 de 2017.

El tribunal reconoció riesgos significativos relacionados con programas de aspersión y ordenó adoptar salvaguardias basadas en el principio de precaución.

La decisión no estableció que todas las enfermedades denunciadas por habitantes de zonas fumigadas fueran causadas por glifosato, ni declaró automáticamente la responsabilidad patrimonial del Estado en cada caso.

Su importancia fue exigir una evaluación rigurosa de los riesgos y de las medidas para prevenirlos.

El problema del agua

Una de las principales preocupaciones ambientales es la llamada deriva de la aspersión: el desplazamiento de las gotas fuera del área prevista debido, entre otros factores, al viento y a las condiciones de aplicación.

Cuando un herbicida alcanza una fuente de agua, los efectos dependen del compuesto, su concentración, su persistencia y las características del ecosistema.

También importa qué ocurre después de la aplicación: la lluvia, la escorrentía superficial y determinados procesos de transporte pueden favorecer el desplazamiento de sustancias químicas hacia cuerpos de agua o suelos.

Sin embargo, no es técnicamente correcto asegurar que todas las fumigaciones terminan contaminando los acuíferos.

Para comprobar contaminación deben identificarse los puntos de muestreo, las sustancias analizadas, las concentraciones encontradas, los límites de referencia y las posibles fuentes alternativas.

Es una diferencia esencial para las comunidades rurales que dependen de quebradas, ríos, pozos o manantiales.

La investigación ambiental debe establecer si existe contaminación, no presumir su existencia.

Las intoxicaciones que registra Colombia

Los plaguicidas constituyen uno de los grupos de sustancias incluidos en la vigilancia de intoxicaciones agudas del Instituto Nacional de Salud.

El informe correspondiente a 2024 señala que, entre 2021 y 2023, el sistema Sivigila registró 129.214 intoxicaciones agudas por sustancias químicas de diferentes clases.

Esta cifra incluye medicamentos, plaguicidas y otras sustancias, además de diversas circunstancias de exposición.

Por tanto, no puede utilizarse como número de personas afectadas por glifosato, glufosinato o fumigaciones aéreas.

Para conocer la dimensión específica del problema es necesario consultar los registros desagregados de intoxicación por plaguicidas: sustancia involucrada, departamento, municipio, edad, ocupación y tipo de exposición.

Los datos también deben distinguir entre intoxicaciones accidentales, laborales e intencionales.

Sin esa separación, cualquier cifra nacional puede producir una interpretación engañosa.

Putumayo: el territorio donde se concentran las preguntas

El anuncio del piloto sitúa a Putumayo en el centro de una decisión que podría tener consecuencias para habitantes, agricultores, autoridades ambientales y organismos de salud.

Las preguntas no se limitan al producto utilizado.

También deben conocerse los polígonos seleccionados, las comunidades vecinas, las distancias respecto de fuentes hídricas, el estado de los permisos y la existencia de mecanismos efectivos de información y participación.

Otro punto fundamental es si se realizaron mediciones ambientales de referencia antes de cualquier intervención.

Sin esas mediciones, resultaría difícil establecer posteriormente si un cambio en la calidad del agua puede atribuirse a la aspersión.

El Instituto Nacional de Salud y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales son instituciones relevantes para determinar las condiciones sanitarias y ambientales del proyecto.

El 12 de octubre, El País informó que el INS todavía no había emitido el concepto previo necesario para la iniciativa, debido a que requería información técnica y científica adicional.

El estado posterior de ese trámite debe verificarse con la entidad.

La discusión sobre las alternativas

Las fumigaciones también plantean preguntas sobre eficacia, costos y consecuencias sociales.

La erradicación de plantas no equivale necesariamente a una reducción duradera de las economías relacionadas con la cocaína.

Una evaluación rigurosa debe considerar los resultados posteriores, la posible resiembra, el desplazamiento de los cultivos, las condiciones de seguridad y las oportunidades económicas disponibles para las familias campesinas.

Las políticas de sustitución voluntaria, desarrollo rural y erradicación forzosa deben evaluarse con indicadores comparables y resultados verificables.

No basta con presentar una estrategia como exitosa por el número de hectáreas intervenidas.

Las preguntas que siguen abiertas

La documentación consultada permite establecer que el piloto fue anunciado, que recibió cuestionamientos científicos y que existen decisiones judiciales relacionadas con su ejecución.

Pero todavía hacen falta documentos decisivos: el expediente administrativo completo, los estudios de riesgo, los conceptos sanitarios, los permisos correspondientes, los resultados de eventuales pruebas y el estado actualizado de los procesos judiciales.

También falta escuchar directamente a las comunidades de las zonas delimitadas para la intervención.

Hasta contar con esa evidencia no sería responsable afirmar que el piloto ya produjo enfermedades, contaminación de ríos o daños a cultivos.

El desafío consiste en establecer qué se autorizó, qué se ejecutó y cuáles fueron sus resultados reales.

Colombia no solo debe preguntarse si un herbicida puede destruir una planta de coca. También debe comprobar qué ocurre con el agua, los cultivos vecinos y la salud de quienes habitan el territorio.