México prepara el adiós al efectivo en gasolineras y peajes con nueva ley digital
Imagen: infobae
México avanza hacia una nueva etapa de pagos electrónicos en estaciones de gasolina y peajes carreteros. La medida, impulsada por la Agencia de Transformación Digital, busca reducir el uso de efectivo y acelerar la digitalización de servicios públicos y privados.
México se encamina a borrar el efectivo de dos de los puntos más cotidianos para millones de automovilistas: las gasolineras y las casetas de peaje. Según adelantó Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, la nueva Ley de Tecnología Digital empujará el uso de medios electrónicos y digitales para realizar estos pagos, una decisión que apunta a modernizar transacciones, pero también a reordenar la relación entre el Estado, las empresas y los usuarios en la vida diaria.
De acuerdo con lo informado por Infobae, la intención oficial es que los pagos en estos servicios migren a plataformas electrónicas, reduciendo progresivamente la dependencia del dinero físico. Aunque todavía no se han detallado todos los mecanismos de implementación, el anuncio deja claro que la apuesta del gobierno es ampliar la infraestructura de cobro digital en sectores donde el efectivo sigue siendo dominante. En términos prácticos, eso significa más uso de tarjetas, aplicaciones, códigos QR y sistemas de prepago, con impacto directo en conductores particulares, transportistas y empresas de logística.
La medida no es menor. En un país donde el efectivo sigue siendo rey en buena parte de la economía informal y donde muchos ciudadanos todavía desconfían de las plataformas digitales, un cambio de este tipo puede acelerar la bancarización, pero también excluir a quienes no tienen acceso estable a servicios financieros o conectividad. Ahí está el verdadero debate: la digitalización promete eficiencia, trazabilidad y menor riesgo de robos o evasión, pero también obliga a resolver problemas estructurales como la brecha tecnológica, las comisiones bancarias y la cobertura en zonas rurales o periféricas. En otras palabras, no basta con ordenar que se pague con medios electrónicos; hace falta garantizar que la gente pueda hacerlo sin trabas.
Este giro además se inserta en una tendencia más amplia en América Latina: gobiernos que buscan formalizar pagos, reducir el uso de billetes y dejar más rastro en las transacciones para mejorar recaudación y control. Para los ciudadanos, el cambio puede traducirse en filas más cortas y operaciones más rápidas; para el sector privado, en nuevas inversiones en terminales y sistemas de cobro. Pero también abre una pregunta incómoda: ¿quién paga el costo de la transición cuando una política pública avanza más rápido que la realidad tecnológica de millones de personas?
