Cuarto interventor en la ESE UNA dispara dudas sobre el futuro de la red hospitalaria
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La presión sobre la red hospitalaria del Atlántico volvió a subir tras la llegada de un cuarto interventor del Gobierno a la ESE UNA en menos de un año. La Liga de Usuarios pidió una auditoría forense para revisar el manejo de los recursos y medir si el modelo ha funcionado.
La crisis de la ESE UNA en el Atlántico entró en una fase más delicada: en menos de un año ya se acumulan cuatro interventores designados por el Gobierno, una rotación que para usuarios y veedores no solo refleja inestabilidad administrativa, sino también dudas serias sobre el rumbo de la red hospitalaria pública en el departamento. La Liga de Usuarios, una de las voces que más ha insistido en el deterioro del sistema, pidió una auditoría forense para revisar a fondo el manejo de los recursos y establecer si el modelo de intervención realmente ha servido para corregir los problemas o, por el contrario, los ha profundizado.
La solicitud no es menor. Cuando una entidad hospitalaria cambia de cabeza con tanta frecuencia, lo que se rompe no es solo la continuidad administrativa: también se debilita la capacidad de ejecutar decisiones, hacer seguimiento a contratos, ordenar pagos y sostener una ruta clara para mejorar la atención. En la práctica, cada relevo abre nuevas preguntas sobre qué se encontró al llegar, qué se dejó de hacer, qué quedó en el aire y cuánto de la crisis responde a fallas estructurales y cuánto a improvisación. Por eso la petición de una auditoría forense apunta más allá de una simple revisión contable: busca establecer responsabilidades, rastrear posibles irregularidades y saber si los recursos asignados a la red hospitalaria del Atlántico están llegando donde deben llegar.
El caso importa porque la ESE UNA no es una entidad cualquiera. Su funcionamiento impacta de manera directa la capacidad del departamento para responder a urgencias, atender pacientes de baja y mediana complejidad y sostener servicios que, para miles de familias, representan la diferencia entre recibir atención o quedar atrapadas en la espera. En regiones donde la salud pública ya opera bajo una presión constante, la inestabilidad institucional suele traducirse en demoras, sobrecarga del personal, desconfianza ciudadana y una sensación cada vez más extendida de que el sistema está administrado desde el corto plazo. La advertencia de la Liga de Usuarios, en ese sentido, pone sobre la mesa una pregunta que el Gobierno no puede seguir evadiendo: ¿la intervención está resolviendo la crisis o solo administrándola?
A esta altura, el problema dejó de ser únicamente técnico y se volvió político y social. Si la entidad sigue cambiando de interventor sin mostrar resultados verificables, el mensaje que reciben los usuarios es claro: no hay una hoja de ruta estable para rescatar el hospital, ni garantías sólidas de que el dinero público esté siendo protegido con rigor. En un contexto de creciente desconfianza frente a la gestión del sistema de salud en Colombia, una auditoría forense podría convertirse en el primer paso para ordenar el diagnóstico. Pero también podría confirmar algo más incómodo: que la crisis de la red hospitalaria del Atlántico ya no se mide solo por sus balances, sino por la capacidad del Estado para sostener, con seriedad y continuidad, un servicio esencial para la vida de la gente.
