Cambio Radical respalda decreto sobre protestas y pide evitar trabas ante hechos violentos

La reacción de Cambio Radical al borrador de decreto que reglamenta las protestas deja claro el pulso político que se mueve detrás de esta discusión: para ese sector, la propuesta no representa un giro autoritario, sino un intento por darle herramientas al Estado para actuar cuando una manifestación deriva en violencia. En otras palabras, su lectura es que el Gobierno no estaría cerrando la puerta al diálogo, sino tratando de evitar que la mediación se convierta en una excusa para dejar sin respuesta hechos que desbordan el orden público.

De acuerdo con lo expuesto por integrantes de ese partido, la iniciativa no elimina la figura de la mediación, sino que busca que no se convierta en un obstáculo operativo cuando ya existe una escalada de alteraciones violentas. Esa postura se suma al respaldo que han empezado a expresar algunos sectores que consideran que el país necesita reglas más claras para separar la protesta legítima de las acciones que terminan afectando a terceros, la movilidad y la actividad económica. En el fondo, la discusión no es solo jurídica: también es política, porque toca una de las líneas más sensibles del debate colombiano sobre cómo garantizar derechos sin renunciar a la autoridad.

El punto de choque es conocido y no es menor. Cada vez que en Colombia se discute una reglamentación sobre protestas, aparecen dos temores opuestos: por un lado, el de quienes ven en estas medidas una barrera contra la movilización social; por el otro, el de quienes creen que el Estado ha sido demasiado tolerante con episodios de bloqueos, vandalismo y agresiones. Esa tensión explica por qué el borrador del decreto está generando lecturas tan distintas. Si termina aprobado con un enfoque más estricto, podría cambiar la manera en que autoridades locales y fuerza pública enfrentan futuras jornadas de protesta. Si, por el contrario, se percibe como un exceso, alimentará la desconfianza de movimientos sociales que ya han advertido sobre posibles riesgos de represión.

Lo que está en juego, en últimas, es la capacidad del Gobierno para fijar reglas que no se queden en el papel y que tampoco terminen castigando la protesta como derecho constitucional. Para la ciudadanía, especialmente para quienes viven en zonas donde las movilizaciones afectan el transporte, el comercio o el acceso a servicios, el debate no es abstracto: se traduce en si el Estado puede contener la violencia sin criminalizar la inconformidad social. Y ese equilibrio, en Colombia, sigue siendo una deuda pendiente.