Congreso revisará los decretos de la emergencia económica, advierte Honorio Henríquez

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, puso sobre la mesa una señal política que, en tiempos de tensión institucional, vale más que un gesto protocolario: la relación con el gobierno de Abelardo De La Espriella marcha con fluidez y, al mismo tiempo, el Legislativo no piensa entregar un cheque en blanco frente a los decretos derivados de la emergencia económica. En una conversación con EL TIEMPO, el dirigente dejó claro que el diálogo entre ambas ramas del poder público está activo, pero también que el Congreso mantendrá su papel de control sobre las decisiones excepcionales que adopte el Ejecutivo.

Henríquez, en su calidad de cabeza del Legislativo, envió un mensaje doble. Por un lado, buscó despejar cualquier lectura de choque frontal con el nuevo gobierno y subrayó que existe comunicación institucional entre las partes. Por el otro, advirtió que el Congreso revisará con detalle cada decreto asociado a la emergencia económica, un anuncio que no es menor si se tiene en cuenta que esas herramientas suelen ampliar de forma temporal el margen de maniobra del Gobierno para responder a crisis. En la práctica, eso significa que el debate no será únicamente jurídico, sino también político: cada medida será medida por su necesidad, su alcance y su impacto real sobre la economía y sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.

Ese punto es clave porque las emergencias económicas, aunque justificadas en escenarios extraordinarios, suelen abrir una discusión de fondo sobre el equilibrio entre eficacia y control democrático. En Colombia, la experiencia demuestra que los decretos excepcionales pueden acelerar respuestas urgentes, pero también generar resistencias si se perciben como una vía para gobernar por fuera del debate ordinario. Por eso, la postura de Henríquez intenta ubicarse en un terreno intermedio: cooperación con el Ejecutivo, sí, pero sin renunciar al escrutinio legislativo. Para la opinión pública, especialmente para sectores golpeados por inflación, empleo precario o incertidumbre fiscal, lo que se defina alrededor de esa emergencia no será un asunto técnico: puede traducirse en alivios, restricciones o cambios directos en el costo de vida.

En el fondo, lo que está en juego no es solo la relación entre el Congreso y el Gobierno, sino la capacidad del sistema político para responder a una coyuntura compleja sin romper los contrapesos institucionales. Si el diálogo se mantiene, el Ejecutivo podría encontrar margen para sacar adelante su agenda; si el examen parlamentario se endurece, la emergencia económica podría convertirse en un primer gran pulso de poder. Henríquez, al menos por ahora, parece dispuesto a evitar el ruido innecesario, pero no a bajar la guardia.