Envían a prisión a mujer con 28 condenas por fraude en Cali

La justicia envió a la cárcel a Marly Tabares, una mujer que acumulaba 28 condenas previas por fraude y que, pese a ese historial, volvió a delinquir en Cali. La procesada aceptó su responsabilidad en nueve hurtos y fraudes informáticos cometidos entre 2023 y 2026, en hechos que habrían golpeado a 10 empresas de la ciudad, de acuerdo con información divulgada por El Tiempo (Colombia).

El caso no solo llama la atención por la reincidencia, sino por el patrón de conducta que revela: una persona con antecedentes reiterados que, lejos de quedar fuera de circulación, habría encontrado la forma de seguir operando sobre el tejido empresarial local. Según la versión conocida del proceso, Tabares fue cobijada con medida de aseguramiento y terminó admitiendo su participación en los delitos, lo que fortalece la tesis de la Fiscalía sobre una secuencia sostenida de engaños y accesos indebidos a sistemas o recursos de terceros.

Más allá del expediente penal, este episodio vuelve a poner sobre la mesa un problema que crece al ritmo de la digitalización: el fraude informático ya no es un delito marginal ni aislado, sino una herramienta recurrente para desfalcar comercios y empresas medianas que muchas veces no cuentan con suficientes controles de ciberseguridad. En ciudades como Cali, donde el comercio formal depende cada vez más de plataformas, claves, accesos remotos y movimientos electrónicos, una sola persona con experiencia delictiva puede causar daños múltiples en poco tiempo. Y cuando hay reincidencia, la pregunta ya no es solo qué pasó, sino cómo el sistema permite que perfiles así vuelvan a actuar una y otra vez.

El caso de Tabares también expone una tensión de fondo en Colombia: la distancia entre la acumulación de condenas y la capacidad real del Estado para frenar la reiteración del delito. Para las empresas afectadas, el daño no se limita a la pérdida económica; también impacta la confianza, la operación diaria y la necesidad de invertir más en prevención. En otras palabras, lo que ocurrió en Cali no es solo una historia judicial: es una alerta sobre la vulnerabilidad de negocios que, por tamaño o recursos, siguen siendo presa fácil de quienes convierten el fraude en oficio.