Más de 170 alertas en contratación estatal sacuden al Gobierno Petro
Imagen: infobae colombia
El equipo jurídico y técnico de Abelardo De la Espriella dice haber detectado más de 170 posibles irregularidades en contratos del Gobierno Petro. La revisión apunta a convenios de la SAE, el ICBF, Ecopetrol, Invías y electrificadoras, en un nuevo foco de presión sobre la contratación estatal.
El equipo de Abelardo De la Espriella aseguró haber identificado más de 170 posibles irregularidades en contratos y convenios del Gobierno de Gustavo Petro, en una revisión que pone bajo la lupa piezas sensibles de la contratación pública colombiana. Entre los casos señalados aparecen convenios de la Sociedad de Activos Especiales, contratos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, procesos de Ecopetrol y presuntas anomalías en Invías y en varias empresas electrificadoras, un inventario que no solo alimenta el debate político sino que vuelve a encender las alarmas sobre la forma en que se está ejecutando el gasto estatal.
Según informó infobae colombia, la revisión fue presentada por el equipo que rodea al abogado y precandidato, con énfasis en una serie de hallazgos que, a juicio de ese grupo, merecen investigación por parte de los órganos de control. Aunque por ahora se trata de señalamientos y no de decisiones judiciales, la amplitud del listado es lo que más ruido genera: no se trata de un caso aislado ni de una entidad única, sino de una radiografía preliminar que atraviesa sectores estratégicos del Estado, desde infancia y protección social hasta infraestructura, energía y activos administrados por el Gobierno.
La importancia del asunto va más allá del pulso entre gobierno y oposición. Cuando aparecen alertas sobre posibles fallas en contratos de entidades como la SAE, el ICBF, Ecopetrol o Invías, lo que está en juego no es solo la legalidad de un documento, sino el destino de recursos públicos que terminan incidiendo en obras, servicios y programas que afectan la vida cotidiana de millones de colombianos. Si esos indicios llegan a traducirse en investigaciones formales, podrían abrirse expedientes de alto impacto político y administrativo; si no, el episodio quedará como otro capítulo de la disputa por la narrativa anticorrupción, una bandera que en Colombia suele crecer con fuerza en campaña y debilitarse en la implementación.
Por ahora, el dato relevante es que el equipo de De la Espriella logró poner sobre la mesa una cifra difícil de ignorar: más de 170 posibles irregularidades en distintos frentes de contratación estatal. En un país donde los escándalos por manejo de recursos públicos suelen convertirse en crisis de confianza, este tipo de denuncias no solo presionan a las autoridades de control, sino que obligan al Gobierno a responder con trazabilidad, soportes técnicos y explicaciones verificables. La discusión de fondo sigue siendo la misma: si la contratación pública en Colombia opera como un mecanismo transparente de gestión o como un terreno fértil para el desorden, la discrecionalidad y la sospecha.
