Correos niega uso de personal para propaganda del PSOE en Asturias

Imagen: EFE Verifica
Correos ha negado que su personal o sus vehículos participaran en la colocación de banderolas del PSOE en Lugones, Asturias, antes del 29N. La acusación de Vox ha derivado en una denuncia ante la Junta Electoral contra la empresa pública y el partido.
Correos ha desmentido que sus trabajadores o sus vehículos hayan sido utilizados para colocar propaganda electoral del PSOE en Lugones, en Asturias, en vísperas del 29N. La aclaración llega después de que Vox denunciara ante la Junta Electoral tanto a la empresa pública como al partido socialista por una supuesta intervención en el reparto o colocación de banderolas en la localidad.
De acuerdo con la información verificada por EFE, la versión difundida por Vox apunta a un presunto uso indebido de recursos públicos en campaña, una acusación especialmente sensible en cualquier proceso electoral porque abre la puerta a cuestionamientos sobre imparcialidad institucional y sobre el uso de medios del Estado en favor de una fuerza política. Correos, sin embargo, ha negado de forma tajante que su personal haya participado en esas tareas o que sus vehículos se emplearan para ese fin.
El episodio no es menor: en España, como en otros países europeos, la vigilancia sobre la propaganda electoral y el uso de recursos públicos es uno de los puntos más delicados del calendario político. Cuando una denuncia de este tipo llega a la Junta Electoral, el debate deja de ser solo partidista y entra en el terreno de las garantías democráticas, donde la verificación de hechos pesa más que la denuncia política. En este caso, la respuesta de la empresa pública desactiva, al menos por ahora, la acusación central, aunque será el organismo electoral el que determine si hubo o no infracción.
Más allá del cruce entre PSOE y Vox, el caso ilustra un patrón cada vez más frecuente en campaña: la batalla por el relato ocurre casi en tiempo real, antes incluso de que se resuelvan los hechos. Para el votante, especialmente en un clima de desconfianza creciente, la diferencia entre una acusación y una prueba verificable marca la frontera entre la agitación política y una eventual irregularidad real.




