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España mantiene silencio ante alertas por espionaje ligado a autos chinos

Hace 6 horas

España mantiene una postura silenciosa frente a las advertencias europeas sobre el posible espionaje asociado a la expansión de autos eléctricos chinos. Mientras Bruselas y Noruega elevan el tono, el gobierno de Pedro Sánchez no ha dado señales claras de reacción.

La expansión de los autos eléctricos chinos en Europa ya no se discute solo en clave comercial: ahora también se analiza como un posible vector de riesgo para la seguridad y la privacidad. En ese tablero, España aparece rezagada. Según informó infobae estados unidos, el gobierno de Pedro Sánchez no ha dado aún una respuesta visible a las alertas que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa respecto a la posible exposición a espionaje que podrían implicar estos vehículos conectados.

El asunto no es menor. Los autos eléctricos modernos recopilan y transmiten cantidades crecientes de datos: ubicación, hábitos de conducción, rutas frecuentes, conexiones móviles y, en algunos casos, información vinculada al usuario y al entorno. Cuando esos vehículos provienen de fabricantes estrechamente ligados al ecosistema tecnológico y político de Beijing, las capitales europeas empiezan a leer la cuestión no solo como competencia industrial, sino como una puerta potencial a la captación de información sensible. Noruega fue el último país del continente en encender las alarmas, reforzando una preocupación que ya circulaba en Bruselas.

La falta de una posición pública firme por parte de Madrid contrasta con el nivel de cautela que otras autoridades europeas están mostrando frente a la ofensiva china en sectores estratégicos. España, que aspira a consolidarse como polo industrial de la transición energética y la movilidad limpia, se mueve en una tensión evidente: necesita inversiones, empleo y acceso a vehículos más baratos, pero al mismo tiempo no puede ignorar los riesgos regulatorios y de seguridad que acompañan a esa dependencia tecnológica. Ese dilema explica por qué el tema trasciende el debate automotriz y se instala en la discusión sobre soberanía digital y control de datos.

Lo que ocurra en los próximos meses será clave. Si el Ejecutivo español sigue sin pronunciarse, corre el riesgo de quedar alineado con la actitud más pasiva de Europa frente a una amenaza que ya no se mide solo en aranceles o cuota de mercado, sino en la capacidad de terceros países para acceder a información estratégica. En un continente cada vez más sensible a la guerra tecnológica, el silencio también comunica una decisión.

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