Seis países de la UE reactivan la pelea por gravar las ganancias de las petroleras

Imagen: El País
Seis países de la UE, liderados por España, presionan para reabrir el debate sobre un impuesto extraordinario a las petroleras. La medida buscaría captar parte de las ganancias récord del sector en medio de la crisis energética y fiscal europea.
España y otros cinco países europeos han decidido volver a empujar una vieja discusión que Bruselas no ha querido cerrar del todo: cómo gravar de forma extraordinaria los beneficios de las petroleras en plena crisis energética. Los ministros de Economía de Alemania, Italia, Austria, Polonia, Portugal y el español Carlos Cuerpo pidieron a la presidencia irlandesa del Consejo de la UE que incluya el tema en la agenda de septiembre, según informó El País, en un movimiento que refleja que el debate sobre quién paga la factura de la volatilidad energética sigue abierto en Europa.
La iniciativa no es menor porque reúne a economías de peso con sensibilidades distintas, pero una preocupación común: las ganancias extraordinarias de las grandes energéticas han crecido al calor de la guerra en Ucrania, la disrupción del mercado del gas y el encarecimiento de los combustibles, mientras gobiernos de todo el continente enfrentan presión para sostener ayudas sociales, financiar la transición energética y contener el costo de vida. De acuerdo con la información publicada por El País, los ministros firmantes quieren que la presidencia irlandesa active formalmente el debate en septiembre, un paso que podría reavivar la discusión sobre un instrumento fiscal que ya fue aplicado, con distintos matices, durante los picos más duros de la crisis.
Lo relevante aquí no es solo el impuesto en sí, sino la batalla política que lo rodea. En Europa persiste una tensión de fondo: por un lado, la necesidad de evitar que las empresas trasladen sus costos a los consumidores; por otro, la urgencia de no castigar inversiones en un sector clave para la seguridad energética del continente. El antecedente inmediato fue la ola de gravámenes excepcionales aprobados tras la invasión rusa de Ucrania, cuando varios gobiernos concluyeron que no tenía sentido permitir que compañías con utilidades desbordadas esquivaran una contribución adicional en medio de una emergencia social. Ahora, con la inflación moderada pero el costo de la energía todavía sensible en hogares y empresas, la propuesta vuelve a escena como una prueba de hasta dónde está dispuesta la UE a intervenir en el mercado para repartir mejor los costos de la crisis.
Si el debate prospera en septiembre, no solo se medirá la capacidad de la presidencia irlandesa para ordenar posiciones entre países con intereses divergentes; también quedará claro si Europa está dispuesta a sostener una lógica de contribuciones extraordinarias para sectores que se benefician de coyunturas excepcionales. Para la gente común, la discusión importa porque detrás del lenguaje técnico hay una pregunta muy concreta: quién debe financiar la salida de una crisis que todavía no termina de irse.




