Estado colombiano reconoce su responsabilidad en Bojayá, pero persisten deudas con las víctimas
Imagen: infobae colombia
El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en la masacre de Bojayá y ofreció excusas públicas a las víctimas, en un acto cargado de simbolismo pero también de cuentas pendientes. La Defensoría del Pueblo advirtió que, pese al gesto, la verdad, la justicia y la no repetición siguen sin saldarse.
El Estado colombiano dio un paso largamente esperado al reconocer su responsabilidad en la masacre de Bojayá y pedir excusas públicas a las víctimas, en una ceremonia que volvió a poner sobre la mesa una de las heridas más dolorosas del conflicto armado en el país. El acto tiene un peso simbólico evidente: no se trata solo de una disculpa oficial, sino del reconocimiento de que una tragedia de esa magnitud no puede seguir siendo leída como un hecho aislado ni como una simple estadística de guerra.
Durante la ceremonia, la Defensoría del Pueblo fue clara al señalar que el gesto del Estado, aunque importante, no agota las obligaciones pendientes con las comunidades afectadas. Según advirtió la entidad, la verdad plena sobre lo ocurrido, el acceso real a la justicia y las garantías efectivas de no repetición continúan siendo una deuda abierta con las víctimas y con el país. Esa advertencia no es menor: en Colombia, los actos de reconocimiento suelen convertirse en hitos institucionales, pero con frecuencia quedan cortos frente a la dimensión del daño causado y a la lentitud con que avanzan los procesos de reparación.
Bojayá sigue siendo un símbolo de lo que significa la guerra para las poblaciones afrodescendientes y rurales atrapadas entre actores armados, abandono estatal y ausencia de protección efectiva. La masacre no solo dejó muertos y heridos; también fracturó la vida comunitaria, desplazó familias y convirtió a esa población en un recordatorio permanente de las consecuencias de la disputa territorial en regiones históricamente olvidadas. Por eso este reconocimiento importa: porque obliga al Estado a mirarse a sí mismo, a admitir su falla y a responder por lo que no protegió. Pero también porque la memoria de Bojayá no se agota en la ceremonia de hoy; exige respuestas concretas en materia de investigación, reparación integral y garantías de seguridad para que una tragedia así no vuelva a repetirse.
El desafío, como suele ocurrir en Colombia, no está solo en el acto de contrición sino en lo que venga después. Si el reconocimiento estatal quiere tener sentido real, debe traducirse en acciones verificables para las comunidades que cargan con las consecuencias del horror. De lo contrario, la disculpa corre el riesgo de sumarse a una larga lista de gestos institucionales que conmueven por un día, pero no transforman la vida de quienes siguen esperando justicia desde hace años.
