EE. UU. sanciona a Cupet y eleva la presión económica sobre Cuba en plena tensión bilateral
Imagen: clarin colombia
Estados Unidos volvió a apretar a Cuba con sanciones contra Cupet, la estatal de petróleo y gas, en una jugada que la Casa Blanca justifica por viejas expropiaciones y La Habana denuncia como castigo colectivo. La medida recrudece una relación ya marcada por desconfianza y presión económica.
Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Cupet, la empresa estatal de petróleo y gas de Cuba, en una decisión que vuelve a poner la economía de la isla en el centro de la disputa política entre Washington y La Habana. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la medida al asegurar que activos clave de la compañía fueron expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses hace años, una formulación que revive el viejo argumento de la Casa Blanca sobre propiedades confiscadas tras la revolución cubana. Del lado cubano, la respuesta fue inmediata y previsible: el Gobierno sostiene que este tipo de acciones no castigan a las élites sino a la población, y que forman parte de una estrategia más amplia para asfixiar la economía y empujar la desestabilización interna.
La sanción no es un gesto menor porque golpea a una empresa que está en el corazón de la vida cotidiana del país. En Cuba, el petróleo y sus derivados no son un tema técnico: determinan cuánto combustible hay para el transporte, para la generación eléctrica, para la producción de alimentos y para el funcionamiento básico del aparato estatal. Cuando Washington aprieta a Cupet, no solo limita la capacidad financiera de una compañía pública; también complica la ya frágil cadena de abastecimiento de una isla que arrastra apagones, escasez de divisas y una dependencia crónica de proveedores externos. En la práctica, cualquier restricción sobre el sector energético cubano termina sintiéndose en la calle, en los precios, en los cortes de energía y en la movilidad de millones de personas.
El movimiento llega además en un momento de crecientes tensiones entre ambos gobiernos, con un trasfondo que va más allá del caso puntual de Cupet. Para Estados Unidos, las sanciones siguen siendo una herramienta para presionar a La Habana en materia de reclamaciones de propiedad, derechos humanos y alineamientos regionales. Para Cuba, en cambio, esas medidas forman parte de una política histórica de bloqueo económico que, según denuncia la isla, busca estrangular su capacidad de maniobra y erosionar la legitimidad del gobierno a través del deterioro material de la vida diaria. Ese choque narrativo importa porque explica por qué cada nueva sanción se convierte también en una batalla de legitimidad: Washington habla de legalidad y compensación; La Habana, de castigo colectivo.
Lo que está en juego, en última instancia, no es solo una disputa bilateral sino el margen de supervivencia económica de un país que ya opera al límite. Si las restricciones se endurecen o se multiplican sobre sectores estratégicos, Cuba tendrá aún menos espacio para importar combustible, mantener servicios básicos y sostener una economía asfixiada por la falta de liquidez. Y mientras ambos gobiernos sigan usando la presión como lenguaje principal, la factura seguirá cayendo sobre la población cubana, que es la que termina pagando el costo más alto de una confrontación que lleva décadas sin resolver sus cuentas pendientes.
