Decreto liquida el Ministerio de la Igualdad y deja dudas sobre el futuro de sus funciones
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno oficializó el decreto que pone en liquidación el Ministerio de la Igualdad por un año, pero el proceso arranca con una sombra de incertidumbre. Aunque ya hay marco jurídico, todavía no se define qué entidad asumirá sus funciones ni quién será el liquidador.
El Gobierno de Gustavo Petro ya formalizó la liquidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, una decisión que abre un nuevo capítulo para una de las carteras más polémicas y discutidas de esta administración. Según informó El Tiempo - Política, el decreto establece que el proceso se extenderá durante un año, pero el arranque llega con una alerta que ya inquieta a funcionarios y trabajadores: todavía no se ha definido qué entidad asumirá la operación ni se ha designado al agente liquidador responsable de conducir el cierre.
Ese vacío no es menor. En la práctica, una liquidación ministerial no solo implica sacar cuentas y cerrar contratos; también supone ordenar el traslado de funciones, proteger derechos laborales, definir qué pasará con los programas y evitar que el Estado pierda capacidad de respuesta en temas sensibles. De acuerdo con la información conocida, el agente liquidador será un cargo de libre nombramiento, lo que le da al Ejecutivo margen para escoger a la persona encargada del proceso. Sin embargo, el hecho de que aún no exista esa designación alimenta la sensación de que el decreto resolvió la forma jurídica, pero no despejó las preguntas operativas que hoy preocupan dentro de la entidad.
La situación refleja, además, las tensiones políticas que han rodeado al Ministerio de la Igualdad desde su creación. La cartera nació con la promesa de coordinar políticas para poblaciones históricamente excluidas, pero desde el inicio enfrentó críticas por su estructura, su ejecución y su capacidad real para aterrizar recursos en territorio. Ahora, con su desaparición formal, la discusión deja de ser solo administrativa y se vuelve de fondo: quién va a asumir la agenda social que el ministerio pretendía liderar, qué programas sobrevivirán al ajuste institucional y cómo evitar que la liquidación termine desordenando iniciativas dirigidas a mujeres, comunidades vulnerables y sectores que dependen de una intervención estatal estable. En un país donde la burocracia suele cambiar más rápido que las soluciones, ese es el verdadero punto de fondo.
Para los trabajadores, el problema inmediato es la incertidumbre. Un año puede parecer suficiente en el papel, pero en la práctica puede convertirse en una etapa de parálisis si no hay decisiones rápidas sobre traslado, continuidad contractual y destino de los proyectos en curso. Y para el Gobierno, el costo también es político: cerrar una cartera creada como símbolo de transformación social mientras aún no se aclara quién tomará el relevo puede fortalecer la idea de improvisación. Más allá del decreto, lo que está en juego es si el Estado logra desmontar el ministerio sin desmontar, al mismo tiempo, las políticas que justificaron su existencia.
