James Mosquera lidera lista de representantes más ricos del Congreso
Imagen: infobae colombia
James Mosquera encabeza la lista de los representantes más ricos de la Cámara con una declaración de renta de 14.000 millones de pesos, según documentos oficiales. El dato reabre el debate sobre la transparencia patrimonial en el Congreso, donde más de la mitad de los miembros no ha reportado su declaración.
La Cámara de Representantes volvió a quedar bajo la lupa por una razón incómoda: más de la mitad de sus integrantes no ha presentado su declaración de renta, mientras algunos congresistas exhiben patrimonios que los ubican muy por encima del promedio nacional. Entre ellos aparece James Mosquera, quien según documentos oficiales declaró 14.000 millones de pesos, una cifra que lo deja como el representante con mayores ingresos reportados en la corporación y evidencia la distancia económica que puede existir entre quienes legislan y la realidad de la mayoría de ciudadanos.
De acuerdo con la información revisada por infobae colombia, la fortuna de Mosquera proviene de negocios realizados antes de su llegada al Capitolio, no de su actividad parlamentaria. Ese detalle no es menor: en un Congreso donde el debate sobre la independencia frente a intereses privados siempre está presente, conocer el origen del dinero ayuda a dimensionar el perfil económico de quienes toman decisiones sobre impuestos, gasto público, reforma política y control del poder. La cifra, además, sobresale frente a la de sus colegas y refuerza una pregunta que suele quedar en segundo plano: quiénes son realmente los legisladores que ocupan las curules y cómo llega ese capital a la política.
El asunto importa porque la declaración de renta no es un trámite accesorio, sino una herramienta básica de transparencia. Si más de la mitad de los representantes no ha cumplido con ese reporte, la discusión deja de ser meramente administrativa y toca el corazón de la rendición de cuentas. En un país donde la desconfianza hacia el Congreso es alta, la opacidad patrimonial alimenta sospechas sobre posibles conflictos de interés y sobre la capacidad real del Estado para vigilar el patrimonio de sus funcionarios. También deja a la ciudadanía sin una radiografía mínima de quienes legislan en su nombre.
El caso de Mosquera pone sobre la mesa una paradoja conocida pero poco resuelta en Colombia: el Congreso reúne a dirigentes con trayectorias y bolsillos muy distintos, pero no todos están obligados políticamente a explicar con claridad su situación económica ante la opinión pública. Mientras algunos llegan con fortunas construidas antes de la política, otros mantienen perfiles patrimoniales más modestos; en ambos casos, la exigencia debería ser la misma: transparencia completa. En un momento en que la legitimidad institucional está en disputa, cada omisión en estos reportes erosiona un poco más la confianza en el Legislativo.
