Pasaportes: Colombia tiene cuatro meses de alivio y revive la sombra de Thomas Greg
Imagen: El Tiempo - Política
Colombia tiene un colchón de 600.000 libretas de pasaporte, suficiente para sostener la expedición por cuatro meses tras la suspensión temporal de convenios. La pregunta política ya no es si hay papel, sino quién asumirá la operación cuando se acabe la reserva.
La emisión de pasaportes en Colombia entra en una fase de transición vigilada, pero por ahora no hay una crisis inmediata: el país cuenta con una reserva de 600.000 libretas, un inventario que, según informó El Tiempo - Política, alcanzaría para cubrir la demanda durante unos cuatro meses. Ese margen le da aire al Gobierno mientras se define el rumbo operativo después de la suspensión temporal de los convenios, una decisión que abrió de nuevo el debate sobre la continuidad del servicio y la posibilidad de que Thomas Greg vuelva a asumir parte de la operación.
La clave, por ahora, no está solo en las libretas disponibles sino en el andamiaje técnico y contractual que sostiene la expedición. De acuerdo con la información publicada por El Tiempo - Política, las planchas vinculadas a Thomas Greg fueron destruidas por razones de seguridad una vez terminó la urgencia que habilitó esa operación. Ese detalle no es menor: implica que la vieja estructura no puede reactivarse de manera automática, y que cualquier retorno de un actor privado tendría que pasar por nuevas decisiones administrativas, técnicas y, sobre todo, políticas. En un país donde el pasaporte no es un lujo sino un documento básico para estudiar, trabajar, viajar o atender trámites en el exterior, cualquier interrupción golpea de inmediato a ciudadanos y consulados.
El trasfondo de esta discusión es más amplio que el mero suministro de libretas. El Estado colombiano lleva años intentando redefinir quién produce y administra un documento sensible, en medio de sospechas de dependencia excesiva de operadores privados, tensiones por la seguridad de la información y controversias sobre la capacidad pública para asumir procesos complejos. La existencia de un inventario suficiente para cuatro meses reduce la presión de corto plazo, pero no resuelve la pregunta de fondo: qué modelo de expedición quiere el Gobierno y con qué condiciones puede garantizar continuidad, trazabilidad y control. Si la transición se maneja mal, el costo no será solo administrativo; también puede traducirse en filas, demoras, desgaste político y un nuevo golpe a la confianza ciudadana.
Lo que viene, entonces, es una carrera contra el reloj. El Gobierno tiene un margen limitado para cerrar una salida estable antes de que el inventario se reduzca y el problema deje de ser preventivo para convertirse en una urgencia. En esa ecuación, Thomas Greg aparece otra vez como un nombre imposible de borrar del debate, aunque su eventual regreso no dependerá solo de la memoria institucional o de la necesidad operativa, sino de la voluntad política de resolver un contrato que durante años ha sido sinónimo de eficiencia para unos y de concentración para otros. Para la gente común, el asunto se resume en algo mucho más simple: que el pasaporte no se convierta, otra vez, en un trámite incierto.
