Exdirector de la ANDJE denuncia a Cifras y Conceptos ante el CNE
Imagen: El Tiempo - Política
El exdirector de la ANDJE llevó al CNE una denuncia contra Cifras y Conceptos por una supuesta violación a la ley de encuestas. César Caballero, gerente de la firma, rechazó los señalamientos y aseguró que solo expresó una opinión informada.
El Consejo Nacional Electoral quedó en el centro de una nueva controversia sobre los límites entre la medición de opinión pública y la participación política. El exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, denunció ante ese tribunal a la firma Cifras y Conceptos por una supuesta violación de la ley de encuestas, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa el papel de las encuestadoras en plena discusión pública sobre la influencia de sus análisis en la agenda política.
Según informó El Tiempo - Política, César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, respondió a los señalamientos y defendió la actuación de la empresa. Aseguró que no incurrió en ninguna irregularidad y que su intervención se limitó a emitir una opinión informada, sin quebrantar las normas que regulan este tipo de actividades. La controversia no solo gira alrededor de una interpretación jurídica, sino también de la delgada línea que separa la labor técnica de una firma de opinión de una declaración que pueda ser leída como intervención indebida en el debate político.
El caso es relevante porque en Colombia las encuestas no son un asunto menor: influyen en campañas, miden la temperatura del debate y, en muchos casos, terminan condicionando percepciones sobre candidatos, partidos y coyunturas. Cuando se acusa a una firma de violar la ley, lo que está en juego no es únicamente su reputación, sino la confianza pública en un instrumento que debería ofrecer información verificable y neutral. De fondo, la discusión también reabre preguntas sobre hasta dónde puede llegar una voz experta cuando opina sobre asuntos políticos y cuándo esa voz empieza a rozar los límites regulatorios.
Por ahora, el pulso entre el denunciante y Cifras y Conceptos queda en manos del CNE, que deberá evaluar si hubo mérito en la queja y si la actuación de la encuestadora se ajustó o no a la normativa vigente. Más allá del desenlace jurídico, el episodio deja una señal clara: en un país donde la desconfianza hacia las encuestas es recurrente, cualquier señal de presunta irregularidad termina amplificando el debate sobre transparencia, rigor y responsabilidad en el uso de la opinión pública.
