Video revela a Jorge Lemus usando blindada y escoltas para cargar materiales
Imagen: El Tiempo - Política
Un video divulgado por Revista Semana muestra al exdirector de la DNI Jorge Lemus usando una camioneta blindada y escoltas de la UNP para transportar materiales de construcción. La imagen desató críticas políticas y abrió preguntas sobre el uso de recursos públicos para fines personales.
El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, quedó en el centro de la controversia luego de que un video divulgado por la Revista Semana lo mostrara utilizando una camioneta blindada y escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para cargar paneles de construcción. La escena, que rápidamente escaló al debate público, encendió cuestionamientos sobre el uso de dispositivos de seguridad asignados por el Estado y sobre los límites de ese tipo de protección.
De acuerdo con la información revelada por Semana, en las imágenes se ve al vehículo oficial transportando materiales de obra, una práctica que, más allá de su apariencia anecdótica, tiene implicaciones serias en materia de control, responsabilidad administrativa y posible uso indebido de recursos públicos. La reacción política no tardó en llegar: el congresista Briceño se pronunció frente al caso y señaló la gravedad de lo ocurrido, alimentando la presión para que se esclarezca bajo qué circunstancias se produjo el traslado.
El episodio importa porque toca una zona especialmente sensible en Colombia: la asignación de escoltas, vehículos blindados y otros esquemas de protección financiados con dinero público. La UNP existe para salvaguardar vidas en riesgo, no para facilitar actividades personales o logísticas ajenas a esa finalidad. Por eso, cuando surge un caso como este, el debate no se limita a una sola persona, sino que alcanza a toda la arquitectura de vigilancia sobre el gasto estatal y a la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger.
En un país donde la seguridad de funcionarios, líderes sociales y figuras amenazadas consume parte importante del presupuesto estatal, cada denuncia de uso irregular de esos recursos golpea doble: por el costo económico y por el daño simbólico. Si las imágenes difundidas por Semana confirman una conducta inapropiada, el caso podría derivar en revisiones internas, explicaciones oficiales y eventualmente en consecuencias disciplinarias. Más allá del ruido político inmediato, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: quién controla realmente el uso de los esquemas de protección y con qué rigor se sancionan sus abusos.
