Pedro Sánchez niega sobrecostos en compra de Gripen y cuestiona a la Contraloría
Imagen: El Tiempo - Política
La compra de aviones Gripen quedó bajo escrutinio por una diferencia cambiaria que encendió alertas sobre posibles sobrecostos. Pedro Sánchez defendió la operación y aseguró que, lejos de despilfarrar recursos, la transacción permitió optimizar el dinero público.
La compra de aviones Gripen para la Fuerza Aérea volvió a quedar en el centro del debate público después de que la Contraloría pusiera la lupa sobre una transacción realizada el 20 de enero de 2026, en la que la tasa usada para convertir euros a pesos colombianos habría disparado la controversia. Frente a los señalamientos, el exministro de Defensa Pedro Sánchez negó que hubiera sobrecostos y sostuvo que en la operación se optimizaron recursos públicos, en una defensa que busca cerrar el paso a la tesis de un posible detrimento patrimonial.
De acuerdo con lo que ha trascendido en el debate, el punto de fricción no está en la compra en sí misma, sino en el impacto que tuvo la tasa de cambio aplicada en una operación por euros, cuyo valor en pesos terminó siendo objeto de cuestionamiento. Sánchez salió a responder a la Contraloría y a desmontar la lectura de que esa diferencia equivalga automáticamente a un sobrecosto, insistiendo en que la transacción se hizo bajo criterios de eficiencia y administración responsable del presupuesto estatal. El trasfondo es sensible: en un país donde cada gran compra militar suele convertirse en un examen político y fiscal, cualquier variación cambiaria puede transformarse en munición para la oposición y en un expediente para los órganos de control.
El caso importa no solo por el tamaño de la compra, sino por lo que revela sobre la forma en que el Estado colombiano contrata en moneda extranjera y asume el riesgo cambiario. Cuando una operación de esta magnitud se hace en euros y se liquida en pesos, la tasa aplicada puede modificar de manera significativa la lectura pública del gasto, incluso si el contrato se ajustó a las reglas previstas. Por eso la discusión trasciende a los Gripen: pone sobre la mesa la necesidad de mayor transparencia, mejores controles y criterios más claros para blindar este tipo de adquisiciones frente a sospechas de improvisación o manejos ineficientes. Si la Contraloría concluye que hubo una irregularidad, el golpe será político; si no la encuentra, quedará abierto el debate sobre cómo se comunica y se justifica el uso de recursos en defensa, un sector donde la opacidad suele costar caro en confianza ciudadana.
En el fondo, esta controversia resume una tensión vieja en Colombia: la defensa de la seguridad nacional frente al deber de explicar, con total claridad, cada peso comprometido. Y aunque el exministro insiste en que no hubo sobrecostos, el episodio deja una señal incómoda para el Gobierno y para las instituciones encargadas de vigilar el gasto público: en compras estratégicas, la técnica financiera importa tanto como la decisión política.
