Familia Monsalve no declarará en investigación contra Uribe por falta de garantías
Imagen: infobae colombia
La familia de Juan Guillermo Monsalve no comparecerá en la nueva investigación contra Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja. Su abogado alegó falta de garantías para que Óscar Antonio Monsalve Correa y Óscar Hernán Monsalve Pineda declaren.
La familia del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve decidió no presentarse a la nueva investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, una determinación que vuelve a poner bajo presión un expediente marcado por años de choques judiciales, desconfianza y lecturas políticas encontradas. Según informó infobae Colombia, el abogado Sergio Clavijo explicó que Óscar Antonio Monsalve Correa y Óscar Hernán Monsalve Pineda no acudirán a rendir declaración porque, a su juicio, no existen garantías suficientes para hacerlo dentro de este proceso.
La postura de la defensa de la familia Monsalve no es un dato menor. Estos testimonios hacen parte de una investigación que intenta esclarecer responsabilidades en dos de los hechos más dolorosos y simbólicos de la violencia paramilitar en Antioquia. El señalamiento de “falta de garantías” refleja, además, una desconfianza profunda frente a un caso que durante años ha estado atravesado por la confrontación entre las víctimas, los señalados y el peso político de quien fue presidente de Colombia. En ese contexto, la decisión de no comparecer puede leerse como una forma de blindaje, pero también como una señal de que las víctimas y sus allegados siguen viendo el proceso como un escenario riesgoso para su seguridad y credibilidad.
El trasfondo importa porque El Aro y La Granja no son simples capítulos del pasado: son hechos que siguen definiendo la discusión sobre el conflicto armado, la expansión de los grupos paramilitares y las presuntas omisiones o responsabilidades de actores estatales y políticos. Cuando una familia cercana a un testigo clave decide apartarse de una investigación de esta magnitud, el caso pierde una pieza relevante y al mismo tiempo expone una realidad incómoda para la justicia colombiana: todavía hay sectores que sienten que declarar puede costarles demasiado. En un país donde las víctimas han tenido que pelear no solo por verdad y reparación, sino también por protección, cada negativa de este tipo revela que la distancia entre la justicia formal y la confianza ciudadana sigue siendo amplia.
Más allá del impacto jurídico inmediato, esta decisión también tiene un efecto político. Uribe sigue siendo una figura central en la vida pública colombiana y cualquier nueva pieza en un caso que lo involucra reaviva tensiones entre sus seguidores y sus detractores. Para la opinión pública, el asunto no solo gira en torno a una investigación penal, sino a una pregunta mayor: si el Estado colombiano ha sido capaz de ofrecer condiciones reales para que las víctimas y testigos hablen sin temor. Mientras esa respuesta siga siendo incierta, casos como este continuarán cargando con una sombra que va mucho más allá del expediente.
