Nueva EPS: las pérdidas por $4,8 billones agravan la tormenta sobre la salud en Colombia
Imagen: El Tiempo - Política
La publicación de los estados financieros de Nueva EPS encendió nuevas críticas contra su gestión y reavivó las dudas sobre el manejo de los recursos de la salud. Las pérdidas y deudas por $4,8 billones en 2024 se convirtieron en munición política en medio de la intervención estatal.
La revelación de que Nueva EPS cerró 2024 con deudas y pérdidas por $4,8 billones volvió a poner bajo la lupa la intervención de la entidad y, de paso, la fragilidad del sistema de salud colombiano. La cifra no solo golpea por su magnitud: también profundiza el debate sobre si la administración actual ha logrado corregir los problemas estructurales de una de las aseguradoras más grandes del país o si, por el contrario, la intervención terminó dejando al descubierto un deterioro aún mayor en sus finanzas.
Según informó El Tiempo - Política, la publicación de los estados financieros desató una nueva ola de cuestionamientos por parte de figuras políticas que vienen advirtiendo sobre el manejo de los recursos del sistema. El punto central de la discusión ya no es únicamente el tamaño del hueco financiero, sino qué tan transparente ha sido el proceso de administración de una entidad que maneja una porción decisiva de la atención en salud para millones de afiliados. Las críticas apuntan a la forma en que se han usado los recursos, a la capacidad real de control del Estado sobre una EPS intervenida y a la responsabilidad institucional frente a un desbalance que, en cualquier escenario, terminará afectando la prestación del servicio.
El caso de Nueva EPS importa porque no se trata de una entidad cualquiera: es uno de los principales engranajes del sistema y cualquier deterioro en sus cuentas tiene efectos directos sobre clínicas, hospitales, proveedores y pacientes. Cuando una EPS acumula pérdidas de esta dimensión, el riesgo no es abstracto. Se traduce en retrasos de pagos, presiones sobre la red de atención, tensiones con prestadores y una mayor incertidumbre para los usuarios que dependen de autorizaciones, medicamentos y tratamientos oportunos. En el contexto actual, además, la discusión se cruza con la crisis más amplia del modelo de aseguramiento en salud, donde las finanzas, la gobernanza y la supervisión estatal se han convertido en campos de batalla política.
Lo que viene ahora será clave. La publicación de los estados financieros no cierra el debate, lo abre. A partir de aquí, la presión crecerá para que el Gobierno explique cómo piensa contener el deterioro, qué medidas adoptó durante la intervención y quién responde por el manejo de un monto tan elevado de deudas y pérdidas. Más allá del pulso entre gobierno y oposición, el verdadero impacto lo sentirán los afiliados y los prestadores, que siguen atrapados entre balances rojos, incertidumbre administrativa y un sistema de salud que hace rato dejó de dar señales de estabilidad.
