Firmantes del Acuerdo de Paz exigen al Gobierno certezas sobre JEP y reincorporación
Imagen: El Tiempo - Política
Exintegrantes del Acuerdo de Paz pidieron al Gobierno claridad sobre el rumbo de la JEP, la reincorporación y las garantías de seguridad. El reclamo expone una preocupación de fondo: sin respuestas concretas, el proceso de implementación sigue navegando entre la incertidumbre y el desgaste.
Los firmantes del Acuerdo de Paz volvieron a poner sobre la mesa una incomodidad que ha crecido con los años: la falta de respuestas claras del Gobierno sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la reincorporación y las garantías de seguridad para quienes dejaron las armas. A través de un derecho de petición, los exintegrantes del proceso pidieron precisión sobre el rumbo institucional de unas promesas que, en la práctica, siguen dependiendo de decisiones dispersas y de una implementación que avanza a trompicones.
Según informó El Tiempo - Política, la solicitud busca que el Ejecutivo aclare qué va a pasar con los compromisos centrales del Acuerdo de Paz, especialmente en materia de reincorporación económica y social, protección a los firmantes y continuidad de los mecanismos creados para garantizar verdad, justicia y no repetición. La inquietud no es menor: cada vacío institucional se traduce en más incertidumbre para cientos de excombatientes que hoy intentan sostener proyectos productivos, mantenerse fuera de la guerra y sobrevivir en territorios donde la seguridad sigue siendo frágil.
El reclamo también refleja un problema de fondo que Colombia arrastra desde la firma del Acuerdo en 2016: la paz no se juega únicamente en los tribunales o en las mesas técnicas, sino en la capacidad del Estado para sostener su presencia donde históricamente ha sido débil. La JEP, por su parte, continúa siendo uno de los ejes más sensibles del modelo transicional, porque de su funcionamiento depende buena parte de la confianza de las víctimas, de los comparecientes y de la comunidad internacional en que el país sí está cumpliendo lo pactado. Cuando los firmantes exigen claridad, en realidad están advirtiendo que la incertidumbre política puede terminar debilitando lo poco que se ha consolidado.
Más allá del trámite jurídico del derecho de petición, lo que está en juego es algo más profundo: la credibilidad del Estado frente a un proceso que fue presentado como irreversible, pero que sigue expuesto a cambios de gobierno, lentitud administrativa y tensiones políticas. Para los exfirmantes, la pregunta es concreta; para el país, la respuesta define si la paz seguirá siendo una política de Estado o terminará convertida en una promesa administrada a medias, con costos directos en los territorios más golpeados por el conflicto.
