Fiscalía aclara el caso Muñoz: no pidió protección a la UNP, sino evaluar su riesgo
Imagen: El Tiempo - Política
La Fiscalía aclaró que no pidió a la UNP medidas de protección para Gabriela Muñoz, aunque sí abrió investigaciones por amenazas en su contra. El punto clave: lo que se solicitó fue una evaluación de riesgo, no una protección directa.
La Fiscalía General aclaró que no elevó una solicitud formal a la Unidad Nacional de Protección para que se le asignaran medidas de protección a Gabriela Muñoz, la joven cercana al presidente Gustavo Petro, como ella ha afirmado públicamente. Según confirmaron fuentes del ente investigador a El Tiempo - Política, lo que sí se pidió fue evaluar su nivel de riesgo, una diferencia que no es menor porque separa una valoración preventiva de una medida concreta de seguridad personal.
De acuerdo con esas mismas fuentes, la entidad sí tiene en curso denuncias por amenazas que involucran a Muñoz y que están siendo materia de investigación. Ese dato confirma que el caso no ha sido desestimado, pero también deja claro que, al menos por ahora, la Fiscalía no activó un trámite directo para blindarla con escoltas, chaleco antibalas u otros mecanismos de protección que administra la UNP. En el lenguaje institucional, pedir una evaluación de riesgo significa abrir la puerta para que se revise la situación y se determine si existe necesidad real de protección reforzada; no equivale a ordenar esas medidas de inmediato.
La precisión importa porque en Colombia las solicitudes de protección suelen ser un terreno sensible, especialmente cuando están rodeadas de ruido político. En casos de figuras cercanas al poder, cualquier vacilación entre denuncia, riesgo y protección se interpreta casi de inmediato como una señal de respaldo —o de falta de él— por parte del Estado. Por eso, la aclaración de la Fiscalía busca delimitar responsabilidades y evitar que se mezcle una investigación penal en curso con una decisión administrativa que corresponde a la UNP. En la práctica, esta distinción puede marcar el tiempo de respuesta para una persona que dice sentirse amenazada y también revela cómo funcionan, con frecuencia lenta y burocrática, los engranajes de protección en el país.
El episodio también pone sobre la mesa una discusión más amplia: cuántas veces las alertas de riesgo se quedan en trámites intermedios antes de traducirse en medidas efectivas. En Colombia, donde las amenazas contra líderes, activistas, funcionarios y personas vinculadas a la política son parte de un patrón persistente, cada detalle institucional cuenta. Si la evaluación concluye que hay peligro real, la UNP podría entrar a definir protección; si no, el caso quedará en manos de la investigación judicial. En cualquier escenario, el fondo del asunto sigue siendo el mismo: una denuncia por amenazas que debe esclarecerse con prontitud, sin que el debate político termine desplazando la pregunta esencial sobre la seguridad de la denunciante.
