Fiscalía va por empresario de Poligrow en caso de presunta deforestación en Meta
Imagen: infobae colombia
La Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra el empresario italiano vinculado a Poligrow por un presunto esquema de deforestación y acaparamiento ilegal de tierras en Mapiripán, Meta. Un juez decidirá el 22 de julio si acoge la solicitud del ente acusador.
La Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento contra el empresario italiano asociado a Poligrow, en medio de una investigación que lo vincula con un presunto entramado para acaparar de forma ilegal tierras baldías en Mapiripán, Meta, y expandir allí actividades sobre recursos naturales con un impacto ambiental y jurídico de alto calibre. La decisión quedó en manos de un juez, que definirá el próximo 22 de julio si acepta o no la solicitud del ente acusador, un paso que puede marcar el rumbo de uno de los casos más sensibles sobre tierra, deforestación y control territorial en la región de la Orinoquía.
De acuerdo con lo informado por infobae colombia, la Fiscalía sostiene que el investigado habría encabezado una estructura destinada a concentrar predios mediante presuntas maniobras irregulares sobre terrenos que por su naturaleza debían permanecer bajo protección estatal. La hipótesis del ente acusador no se limita a una disputa inmobiliaria: apunta a una operación más amplia, orientada a asegurar el dominio de extensiones rurales para explotar recursos naturales, en un municipio que durante años ha sido escenario de tensiones por la expansión de proyectos agroindustriales, la presión sobre el bosque y la fragilidad institucional en materia de control de tierras.
El caso importa porque pone sobre la mesa una de las heridas más persistentes del campo colombiano: la disputa por tierras baldías y la manera en que vacíos de control, uso de intermediarios y estructuras empresariales pueden terminar transformando bienes de la nación en activos privados de hecho. En regiones como el Meta, donde la frontera agrícola avanza con rapidez y la deforestación suele caminar al ritmo de la acumulación de predios, estas investigaciones no solo buscan determinar responsabilidades individuales; también exponen cómo operan los incentivos para expandir la ocupación del suelo, alterar el paisaje y desplazar la vocación original de zonas que deberían tener un manejo más estricto. Por eso la audiencia del 22 de julio no será un trámite más: puede convertirse en un termómetro sobre la capacidad del Estado para frenar esquemas sofisticados de apropiación territorial.
Más allá del nombre propio del empresario y de la empresa señalada, este expediente toca una discusión que trasciende a Meta y alcanza a todo el país: quién controla la tierra, con qué mecanismos y bajo qué límites. En Colombia, donde la concentración de predios, la informalidad en la tenencia y la presión sobre ecosistemas estratégicos siguen siendo problemas estructurales, decisiones judiciales como esta tienen efecto inmediato sobre el debate público. Si el juez avala la medida solicitada, la investigación ganará peso procesal y enviará un mensaje sobre la seriedad con la que la justicia pretende tratar los casos de presunta deforestación y acaparamiento. Si no, el expediente seguirá su curso, pero con una pregunta abierta que el país conoce demasiado bien: hasta dónde llega la capacidad real de investigar y sancionar a quienes se benefician de la tierra convertida en negocio.
